La pregunta que muchos se hacen después de los recientes sucesos que muestran el persistente avance de inseguridad, es si existe alguna solución al problema. La respuesta, en teoría, es que sí tiene arreglo.
Pero, más específicamente ¿se puede esperar que el gobierno de Ollanta Humala haga lo necesario para mejorar la seguridad? La respuesta es no. En año y medio, casi un tercio de su mandato, no solo no ha hecho lo necesario sino que las medidas que ha adoptado han empeorado la situación.
Entonces lo más probable es que la delincuencia siga avanzando y los ciudadanos estemos cada vez más expuestos a ser víctimas de un delito, salvo que alguna circunstancia extraordinaria haga cambiar a Humala y lo obligue a preocuparse realmente por cambiar las cosas.
EVADIENDO RESPONSABILIDADES
Una muestra de que el gobierno no tiene rumbo ni está interesado en rectificar son las respuestas ante las críticas y las demandas de la población. Ollanta Humala ha culpado a los gobiernos anteriores y a los medios de comunicación que, supuestamente, crearían una sensación de inseguridad, cuando según él las cosas mejoran día a día.
El premier Juan Jiménez también ha pretendido responsabilizar a los medios por alarmar a la población, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, intenta mostrar logros inexistentes y se llena la boca con los cientos de millones que tiene en el presupuesto, que sirven para cualquier cosa menos para mejorar la seguridad.
No solo los hechos de la vida diaria muestran que no estamos solo ante una sensación de inseguridad sino ante una realidad. Las cifras son irrefutables. El “Informe sobre seguridad ciudadana en las Américas 2012” de la OEA, con datos oficiales de los estados miembros, muestra que en los primeros años de la década pasada –2001, 2002, 2003– la tasa de homicidios por 100, habitantes era de 4,3 y 4,9. En el 2011 era de 24,1. Es decir, se había multiplicado por cinco. (No sería extraño que ahora el gobierno falsifique las estadísticas para que baje la “sensación” de inseguridad).
La falta de autocrítica del gobierno y sus funcionarios, su tozudez para negar la realidad, su insistencia en evadir su responsabilidad, son muy malas señales que indican que no hay propósito de enmienda ni, por tanto, conciencia de la necesidad de corregir los errores.
LO PRINCIPAL: LA CORRUPCIÓN
El problema más importante es la corrupción que carcome a las organizaciones encargadas de combatir el delito, la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y el sistema penitenciario.
Hay muchos policías que saben hacer muy bien su trabajo, y cuando ponen empeño y están bien dirigidos, obtienen resultados. El asunto es que muy pocos policías están persiguiendo el delito o previniéndolo, la mayoría está en negocios particulares.
Y no solo se trata del nefasto sistema por el que el policía trabaja un día para la institución y el otro para una empresa privada, sino que incluso en servicio están empleados en negocios particulares, como parte de un esquema corrupto en el que también se benefician los jefes.
Al inicio de este gobierno, el entonces ministro Óscar Valdés anunció un plan para acabar con el trabajo a medio tiempo de la Policía y lo puso en práctica en algunos lugares. Hace algunos días el actual ministro dio por terminado el experimento sin explicar por qué.
El gobierno de Alan García compró miles de patrulleros y eso no mejoró el patrullaje ni tuvo ninguna incidencia en disminuir el delito, por la sencilla razón que los vehículos circulan muy poco porque hay un robo generalizado del combustible.
El actual ministro del Interior insiste y dice que comprarán muchos patrulleros inteligentes, sin mencionar el asunto de la gasolina. En realidad, mucho mejor sería tener un ministro inteligente.
Ni el presidente, ni sus ministros, ni ningún funcionario dicen nada de la corrupción generalizada y menos aún formulan un plan para combatirla. Solo se refieren a casos aislados.
En suma, no se puede esperar que el gobierno enfrente y resuelva el principal obstáculo que impide que la Policía mejore su desempeño y combata con éxito a la delincuencia.
Mientras Humala persista en usar el Ministerio del Interior y la Policía para sus particulares intereses políticos, manteniendo ahí a hombres de paja, como el actual ministro, y a obsecuentes sobones como el general Raúl Salazar, las cosas irán de mal en peor.
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