El colombiano Jaime Caballero, asesinado la semana pasada en un claro ajuste de cuentas en el corazón del distrito de San Borja, en Lima, no solo era buscado por la justicia de su país sino también por las poderosas mafias del narcotráfico que operan impunemente en nuestro país.
Informaciones procedentes de la policía colombiana confirmaron que Caballero trabajó
durante muchos años con Diego Montoya Sánchez, un poderoso y escurridizo traficante colombiano y, nada menos, sucesor del legendario narco Pablo Escobar.
Con el ingreso de los cárteles de la droga al Perú, Montoya fue asignado por la mafia a nuestro país y durante cuatro años habría estado operando en los Valles del Alto Huallaga y el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), supervisando la producción y envío de la droga al exterior.
Pero al parecer, tanto poder en mano fue fatal para él. Confiado de no ser descubierto por los mafiosos, robó un cargamento de cocaína peruana, financiado por Montoya, y lo vendió a otra organización, firmando con ello su sentencia de muerte.
Su violento asesinato, a plena luz del día y en el corazón de la Lima burguesa, fue del típico estilo de la mafia. El crimen no es el primero ni será el último. Hace ya bastante tiempo que nuestro país es escenario de las operaciones ilegales de los diferentes cárteles de la droga en los Valles del Alto Huallaga y el VRAE, que actúan aliados con los remanentes de Sendero Luminoso y con los productores de coca ilegal, incrementando además la violencia y la muerte en esas zonas.
Lo nuevo en este caso es que la impunidad con la que operan los narcotraficantes se ha trasladado a la capital, desnudando la inseguridad ciudadana a la que está expuesta la población y la nula respuesta del Gobierno frente a esta realidad.