Cuando a finales de noviembre, en la comunidad de Villa Progreso del distrito ayacuchano de Canayre (provincia de Huanta), Dina Huallasco (36) denunciaba que su esposo e hijo fueron secuestrados por el Ejército Peruano, vino a la memoria de los vecinos que en todo momento los miembros de las Fuerzas Armadas han realizando este tipo de acciones con total impunidad.
Este tipo de hechos se ha repetido en varias ocasiones en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) durante todo este tiempo y ha sido producto de la declaratoria de emergencia de la zona, donde se incluyen a todos los distritos de las provincias de Huanta y La Mar que conforman esta parte del país.
LA DECLARATORIA
Planteando consolidar la pacificación en la zona del Vraem, el Poder Ejecutivo ha continuado con el Estado de Emergencia en varios distritos de las regiones de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. De acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2014-PCM, publicado ayer en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano, se dispuso prorrogar la situación de emergencia en el distrito de Echarate, provincia cusqueña de La Convención, por el término de 60 días calendario, a partir del 31 de enero del 2014.
Mientras, otro Decreto Supremo, el Nº 008-2014-PCM, dispone prorrogar lo mismo a partir del 25 de enero para las provincias de Huanta y La Mar. También en la provincia de Tayacaja en Huancavelica y en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, de La Convención; entre otras localidades de la región de Junín.
ERRORES Y LOGROS
Pero no solamente se han visto estos problemas de retención de pobladores -que luego aparecen como guías “voluntarios” de las Fuerzas Armadas en la agreste selva del Vraem-, sino también otros de más grueso calibre que han sido justificadas como error humano y que pueden quedar impunes tras la aprobación de la nueva Ley del uso de armas por la Policía y el Ejército.
Recordemos nada más que en la comunidad de Mazangaro, a mediados de octubre, un helicóptero de la base antisubversiva que se encuentra en el lugar, cometió el error de bombardear la zona y como resultado se produjo la muerte de un miembro del Comité de Autodefensa y media docena de pobladores heridos.
En ese momento, mediante un comunicado, el Comando Conjunto aseguró que fue un error humano y que se investigaría el caso.
“Ellos, en aplicación de esta ley (del uso de armas) utilizarían argumentos legales para ser libres, teniendo en cuenta que a comparación de otra norma, esta misma asegura que en casos penales es retroactiva y a favor del procesado, puedo asegurar que los miembros del Ejército que están involucrados en este tema van a utilizar esta ley y saldrán libres”, manifestó Gualberto Huillcahuari, abogado del caso “Suso”.
Mientras tanto, los alcaldes de las provincias de La Mar (Ciro Gavilán) y de Huanta (Carlos Rua) han sido claros con respecto a estos errores de las Fuerzas Armadas, coincidiendo ambos de que no beneficia en el respeto de los derechos humanos de la población del lugar, ocurriendo atentados que ya se han registrado en zonas de Mantaro (frontera con Junín).
“Así como se invierte en defensa y pacificación, debe existir inversión en desarrollo, en fomentar la productividad de todos estos distritos y no dejarlos a expensas de la pobreza en la que se encuentran”, coincidieron las autoridades edilicias.
Gavilán fue más allá e insistió que la ley del uso de armas puede dejar impunes a muchos miembros de la Policía y del Ejército que cometan algún tipo de exceso y que finalmente afecta a la ciudadanía.
Por su parte, el burgomaestre huantino, Carlos Rúa, aseguró que se debería de insistir en la labor de inteligencia policial que ha podido traer resultados favorables tras la caída de los mandos senderistas.
Finalmente, se espera que tras la aplicación este decreto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú puedan tener una relación más social con los pobladores de la zona que se encuentran en un latente peligro (Jornada).