La demanda de inconstitucionalidad, que el ejecutivo presentó contra la ordenanza del gobierno regional de Puno que pretende legalizar la hoja de coca en dicha región, fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional, TC.
Mediante un comunicado, el TC precisa que resolvió admitir a trámite la demanda de inconstitucionalidad y dispuso correr traslado de ella al Gobierno Regional de Puno.
La resolución señala que el Presidente de la República se encuentra legitimado para promover la demanda de inconstitucionalidad y precisa que esa facultad la ejerce el Procurador Público designado, Ricardo Castro Belapatiño.
Se precisa asimismo que la demanda del ejecutivo fue interpuesta dentro del plazo establecido y cumple con los requisitos determinados en el Código Procesal Constitucional.
La resolución del Tribunal Constitucional lleva las rúbricas de los magistrados César Landa, Carlos Mesía, Juan Francisco Vergara Gotelli, Ricardo Beaumont, Fernando Calle, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda.
La demanda de inconstitucionalidad se presentó porque el ejecutivo sostiene que
el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, carece de las facultades para reconocer a la coca como patrimonio cultural y menos para señalar que los cultivos ilegales de esa planta forman parte del cultivo tradicional.
En sus considerandos, la demanda sostiene que la ordenanza promovida por Fuentes contraviene la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley de Bases de Descentralización y recuerda que el TC ya derogó en el 2005 dos ordenanzas similares de los gobiernos de Huánuco y Cusco.