En artículo publicado en el diario El Comercio y que reproducimos a continuación, el periodista Fernando Vivas pone alto a la ola de moralina y represión que inunda el país luego de la trágica muerte de la joven universitaria Stephany Flores y mas bien reclama una política de estado que ataque los factores que generan la violencia y la inseguridad que vivimos, y que nos permita a los ciudadanos conciliar la libertad con una necesaria cultura de prevención.
La Policía mexicana encontró al menos a trece personas asesinadas en las últimas horas, siete de ellas en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, y otras seis en el sureño estado de Guerrero, informaron fuentes oficiales.
La ingesta desmedida de alcohol y la adicción a diversos tipos de drogas, como la pasta básica de cocaína (PBC), son factores que están incrementando el número de casos vinculados a la violencia familiar y sexual en la región Madre de Dios, según un estudio del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
El Congresista Anibal Huertas instó a las autoridades regionales, provinciales y distritales del Perú a que optimicen el uso de los recursos económicos que reciben a través del proceso de descentralización, a fin de dar solución a los problemas de desarrollo que afectan a la población.
La adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, sostuvo que los afectados por la violencia política en todo el Perú necesitan que el gobierno y el Estado le den prioridad a la atención de las víctimas civiles.
Ni bien llegó al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima procedente de Nicaragua, tras renunciar al asilo político que le otorgó dicho país, el ex presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, fue detenido por la Policía Nacional e inmediatamente puesto a disposición del 37 Juzgado Penal de Lima, que investiga los sucesos violentos ocurridos en Bagua (Amazonas) en junio del año pasado.
El Consejo de Reparaciones, a través de la Coordinación Regional Huánuco, ha previsto realizar Jornadas de Planificación en las zonas de Leoncio Prado, Marañón, Huánuco Sierra y la provincia de Tocache, para identificar los lugares donde aún existen pobladores víctimas de la violencia política sin registrar.
En artículo publicado hoy en el diario La República y que reproducimos a continuación, el historiador Tony Zapata sostiene que para que una política antiterrorista sea exitosa, se requiere conocimiento y no confusión, que perpetúa la violencia. “Si el objetivo nacional es lograr la paz, necesitamos entender quién es quién en el mundo de la guerra”, agregó.
El representante de la ONG Asociación Paz y Esperanza, Honorato Méndez, hizo un llamado a las autoridades y los pobladores del distrito de Ayna San Francisco para apoyar la culminación del Registro Único de Víctimas de los afectados por la violencia terrorista entre 1980 y 2000, y exigir al gobierno empiece el proceso de reparaciones individuales.
El alcalde provincial de Leoncio Prado, en la región Huánuco, Juan Picón, indicó que se está evaluando la propuesta de bautizar a varias calles de la ciudad de Tingo María con los nombres de aquellos valerosos burgomaestres que cayeron en el cumplimiento de su deber cívico ante la violencia terrorista y el narcotráfico.