Como hemos sostenido en esta columna, uno de los peores males de nuestro país es la interceptación telefónica y los videos grabados clandestinamente, vigente herencia del montesinismo.
El reciente fallo del TC prohibiendo a los medios de comunicación divulgar o difundir grabaciones de conversaciones telefónicas sin previa autorización judicial o de los interlocutores implicados en el audio, bajo sanción de carácter penal, constituye –tal como lo ha señalado el Consejo de la Prensa Peruana–un duro golpe a la libertad de expresión y a la lucha anticorrupción.
Diversas reacciones ha generado en la opinión pública el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que prohibió a los medios de comunicación la divulgación de conversaciones telefónicas interceptadas o ‘chuponeadas’.
Orlando Sánchez Paredes no podrá ser excluido del proceso penal que se le sigue a él y a otros miembros del clan norteño por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esto según una resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC).
En un fallo vinculante, el Tribunal Constitucional recordó a los jueces del país a tener en consideración a los procuradores del Estado en todos los procesos por tráfico de drogas y lavado de activos, de tal manera que éstos ya no podrán ser rechazados bajo el argumento de que “no son parte en los procesos”.
El Ministerio Público (MP) recibió la donación de cuatro vehículos de parte del Tribunal Constitucional (TC), los mismos que servirán en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico que realizan las Fiscalías en el país.
En contundente fallo, el Tribunal Constitucional declaró nulas las sentencias y medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial a favor de las personas y empresas que importaban autos y autopartes usados.
El ministro de Justicia ha puesto el dedo en la llaga respecto de un gravísimo problema que afecta no solo la correcta administración de justicia sino también el delicado equilibrio institucional del Estado democrático, que tanto nos ha costado recuperar.
El Tribunal Constitucional señaló que los requisitos establecidos por el gobierno, vía decretos de urgencia, para la importación de vehículos usados constituyen una medida legislativa legítima e idónea para prevenir y proteger la afectación del medio ambiente, específicamente la contaminación del aire.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, reconoció que existe el peligro de que otros investigados por tráfico ilícito de drogas en el caso de los Sánchez Paredes puedan beneficiarse con la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual establece que los fiscales sólo tienen cuatro meses como plazo máximo para investigar.