El Ministerio del Interior presentó el “Plan Integral contra la tenencia ilegal de armas” que comprende siete acciones para combatir este flagelo y que, al amparo del DL 1244, establece que la posesión de un arma ilegal se considera como un delito flagrante castigado con penas de cárcel efectiva entre los seis y los 15 años.
En los primeros días del año 2017, la Policía Nacional capturó a cinco requisitoriados incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), por los delitos de tenencia ilegal de armas, trata de personas, robo agravado, asociación ilícita para delinquir y feminicidio.
Dennilson Yonel Espinoza Bravo (21) fue capturado portando un arma de fuego en el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región San Martín.
Una mujer acusada de tenencia ilegal de armas fue capturada por efectivos policiales de la Comisaría de Cayumba, cuando viajaba en un ómnibus de transporte interprovincial que tenía como destino Pucallpa.
Luz Amelia Pérez Pacaya guardaba un arma de fuego adquirido de manera ilegal, fue condenada en Madre de Dios a seis años de cárcel, tras hallarse su responsabilidad por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.
El Poder Judicial de Puerto Maldonado condenó a ocho años de cárcel a José Marcial Suárez Monterroso por el delito contra la seguridad pública, en sus modalidades de tenencia ilegal de arma de fuego y microcomercialización de drogas.
El representante de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil (DICSCAMEC), Jorge Pasapera Acaro, anunció a través de INFOREGIÓN, que hasta el 5 de setiembre los pobladores del VRAE que tengan cualquier tipo de arma de uso civil, podrán regularizarlo a fin de evitar que su tenencia constituya un delito penal con pena privativa de la libertad.