El Gobierno Central ha hecho seguimiento a 113 casos de diferencias y controversias que se registran en diferentes regiones del Perú, a fin de prevenir que no deriven en conflictos sociales, se destacó hoy.
El conflicto social es un proceso complejo en el que el Estado, la sociedad y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades están contrapuestos. Entre ellos, los conflictos socioambientales son uno de los tipos de conflicto cuya dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos.
La Coordinación General de Gestión de Conflictos Socioambientales viene desarrollando talleres informativos sobre fiscalización ambiental dirigidos a funcionarios y colaboradores de instituciones públicas y miembros de organizaciones no gubernamentales.
El economista principal del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Paul Collazos, indicó que en un año podría implementarse la norma para regular el riesgo crediticio socioambiental, lo que implica una evaluación de cómo se llevan las empresas con las comunidades donde trabajan.
Existen más de 260 conflictos sociales a nivel nacional pendientes de solución, incluyendo 132 de carácter socioambiental, pero no se observa una estrategia de prevención por parte del Estado, informó la Defensoría del Pueblo de Ayacucho. Jorge Fernández Mávila, representante de dicha institución, dio a conocer que la mayoría de estos conflictos tienen su origen en la falta de cumplimiento del proceso de consulta que debió de realizarse en las comunidades donde existen denuncios mineros.