En la ciudad de Trujillo la Policía Nacional del Perú intervino durante un operativo de seguridad a dos presuntos integrantes del clan Sánchez Paredes a quienes se les halló en su poder un arma de fuego y una bolsa con cien gramos de marihuana.
En enero del 2013, en su discurso de apertura del Año Judicial y el primero de su mandato, el actual presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza, ofreció uno de los discursos quizás más sobrios de los últimos años. Además de reconocer el trabajo de sus predecesores, ofreció un discurso de continuidad, agregando –al igual que sus pares anteriores- algunas líneas formales de defensa a la autonomía e independencia judicial. Seguidamente, distinguió dos etapas en su gestión: una primera etapa de 100 días y una segunda etapa que comprendía el conjunto de su bienio 2013-2014.
La mañana del viernes 31, el Colegiado “D” de la Sala Penal Nacional revirtió el pedido de la fiscal superior María Maguiña Torres de archivar el proceso por narcotráfico a los Sánchez Paredes y resolvió elevar el expediente a la Fiscalía Suprema Penal.
El fiscal Luis Arellano acaba de emitir un informe que recomienda al Ministerio Público archivar el Caso Orellana. El insólito dictamen se suma al pedido de archivamiento del caso Sánchez Paredes de la fiscal María Maguiña (CARETAS 2276). Se trata de dos complejas y emblemáticas investigaciones de lavado de activos en la que la Fiscalía de la Nación a cargo de José Peláez se lava las manos.
El pasado jueves 21 deben haber sonado las alarmas en las unidades que combaten al narcotráfico en Perú y Estados Unidos. Y quizá también en Colombia y México. Aquel día, en vísperas de Semana Santa, el Ministerio Público volvió a clavar la lanza en el costado de la lucha contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas.
En una de las más extrañas y contradictorias acciones tomadas por el Gobierno en el ámbito de la seguridad interna, la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas de la PNP, acaba de ser desmantelada, para todo propósito práctico.
El Fiscal Supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, dio un respaldo implícito al dictamen de la fiscal superior María Maguiña Torres que retira la acusación de lavado de activos del narcotráfico a la familia Sánchez Paredes.
La procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo es una mujer admirada y temida. Tiene diez años persiguiendo a narcotraficantes y tratando de hacer justicia con las pocas armas que la ley le da. Su cliente tampoco es fácil. Es el propio Estado, el que a veces no le da todas las facilidades que requiere. Preocupada por los duros golpes que está recibiendo en la Fiscalía y el Poder Judicial nos recibe en una extraña oficina de lo que fuera una suite matrimonial en un hotel en Lince incautado a un narcotraficante. La llegada a su piso tiene algo de tensión. El ascensor no tiene luz y no parece que vaya a tenerla en mucho tiempo. Encerrada en esa caja oscura pienso que su trabajo se parece mucho a ese breve trayecto.
El Fiscal Superior Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina anunció la contratación en el corto plazo, por parte del Ministerio Público, de más peritos que apoyen a la lucha contra el lavado de activos para solucionar el cuello de botella que se ha producido en ese frente.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York permitió el descongelamiento de una cuenta bancaria de US$3’351.831,35 de la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de los Sánchez Paredes, en el Banco de Comercio de Lima. No obstante, el fiscal Preet Bharara continuará la investigación a las demás empresas y otras once cuentas bancarias de este grupo familiar repartidas en Lima y Estados Unidos por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico.