En la noche del miércoles 15 de agosto el terrorismo canalla enquistado en la zona del VRAEM volvió a atacar, dejando cinco soldados muertos y al menos siete gravemente heridos como resultado de una emboscada a una patrulla del Ejército cerca de la base militar acantonada en Mazángaro, localidad situada en la provincia de Satipo de la región de Junín. No está claro si hubo también bajas entre los terroristas.
Augusto Alvarez Rodrich, Ana Trelles, Juliana Oxenford, Marco Sifuentes, Milagros Leyva, Mónica Sánchez, Yvonne Frayssinet, David Carrillo, Fernando Rospigliosi, Javier Echevarría, Santiago Maguil, Ronald Gamarra entre otros reconocidos personajes, anunciaron su adhesión a la campaña emprendida por CHS Alternativo «Justicia para Jhinna», emblema de la lucha contra la Trata de Personas.
La campaña “Justicia para Jhinna”, que viene desarrollando la asociación civil CHS Alternativo, consigue cada vez más un número mayor de seguidores en las redes sociales. Esta vez el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra se sumó al pedido de justicia para Jhinna Pinchi, la primera víctima de trata de personas que se atrevió a denunciar el caso en público.
Con la prensa orientada a la farándula y el escándalo, las noticias verdaderamente importantes o graves suelen pasar inadvertidas. Es lo que parece suceder con las recientes declaraciones del ministro de Defensa, Daniel Mora, quien pone sobre la mesa, una vez más en los últimos años y por primera vez bajo este gobierno, la deplorable iniciativa de dar fin a las investigaciones judiciales por crímenes contra los DDHH. Lo dijo claramente hace dos días: “Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto. No pueden haber juicios que se destapen después de 40 años”.
El ex procurador anticorrupción del primer gobierno de Alejandro Toledo, Ronald Gamarra, anunció que sus propuestas para llegar al Congreso de la República en la lista de Perú Posible, se basan en tres ejes: “recuperar el Congreso para la democracia, promover la lucha anticorrupción y agilizar los derechos fundamentales para todas las personas, particularmente los excluidos y los más necesitados”.
El uso de niños para acciones terroristas es un acto abusivo e ilegal que no tiene ninguna justificación, pero es también cuestionable la forma cómo algunos medios de comunicación abordaron la información e imágenes de “Los Niños del VRAE”, señaló Ronald Gamarra, director del Instituto Promoviendo Desarrollo Social, IPRODES.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Ronald Gamarra, saludó la rectificación del gobierno al presentar un proyecto para derogar el polémico decreto legislativo 1097, y precisó que ésta era la única salida posible, jurídica y democrática al haberse equivocado al pretender, vía un decreto legislativo, decretar la impunidad de los militares y policías violadores de los derechos humanos.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, consideró que el anunció del presidente Alan García en el sentido de que no se pagará indemnizaciones a sentenciados por terrorismo a pesar de los dictámenes internacionales que señalan lo contrario, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no significa un desacatamiento a las sentencias del referido tribunal y, por el contrario, es una decisión coherente y objetiva.
En lo que se constituye como una contribución a la defensa y visibilización de los derechos humanos del personal policial y militar, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presenta su informe sobre el cumplimiento de los derechos que corresponden al personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su función.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, aseguró que el indulto no es posible en la situación legal del ex presidente Alberto Fujimori, cuya condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y secuestro agravado ha sido ratificada por la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia.