El 28 de julio, el mismo día del discurso presidencial, salió publicado en El Peruano el Decreto Supremo N° 012-2013- IN que aprobaba como política nacional del Estado Peruano , el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 – 2018, dando de esa manera respuesta al clamor popular por una mayor y mejor seguridad que venía pasándole factura a la popularidad y aceptación presidencial.
Ricardo Valdés Cavassa, presidente de Capital Humano y Social Alternativo (CHS), denunció que el Estado ha dispuesto tan solo el 0.000015% (1´600,000.00 soles) del presupuesto nacional para la prevención y persecución de la trata de personas en el país, así como, para la asistencia y protección de las víctimas de este delito; lo cual representa un ínfimo porcentaje en contraste con otros gastos onerosos que realiza el gobierno, tales como la publicidad o la mejora de equipos para el canal estatal (30 millones de soles).
El director de la ONG Capital Humano y Social (CHS) y exviceministro del Interior, Ricardo Valdés Cavassa, informó que el 50% de los casos de trata de personas se registran bajo la modalidad de falsos ofrecimientos de empleo, que supone el desplazamiento de las personas a zonas alejadas.