El representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las Reparaciones de Ayacucho, Roberto Rojas, anunció que se está agilizando las acciones para iniciar con las reparaciones económicas individuales a los afectados de la violencia política entre 1980 y 2000, que a nivel del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) suman 7 mil inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Las reparaciones civiles que ordenan las sentencias judiciales deben ser pagadas y no burladas, como ocurre con algunos casos relacionados al terrorismo y a la corrupción, indicó el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein.
Para lograr registrar a mayor número de víctimas por la violencia política que aún no han sido inscritos en el Registro Único de Victimas (RUV), el Consejo de Reparaciones a través de la Coordinación Regional Huánuco, ha programado diversas campañas de registro en las provincias y distritos del departamento de Huánuco y parte de la región San Martin.
El Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) de la Presidencia del Consejo de Ministros ha invertido más de un millón de nuevos soles en implementar proyectos productivos de café, cacao, cítricos y forestales en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE).
La única ambulancia con la que cuenta la Compañía de Bomberos Voluntarios Nº. 63 de Ayacucho quedó inoperativa luego que su motor dejo de funcionar, a consecuencia de la exigente ruta que cubrió la última semana para socorrer a los heridos del accidente en la localidad de Arizona.
El gobierno regional de Huánuco informó que 2,683 personas desplazadas durante el período de violencia han sido acreditadas hasta la fecha en la zona a través del Registro y Acreditación de Desplazados Internos (RADI).
El Ministerio de Justicia designará la próxima semana al Procurador Público Especializado en el cobro de la reparación civil provenientes de sentencias condenatorias por los delitos de corrupción y también al Procurador Público Especializado en el cobro de la reparación civil provenientes de sentencias condenatorias por los delitos de terrorismo.
El Gobierno Central ratifica su deseo de priorizar el pago de indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, anunció el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, quien detalló que la PCM otorgó una partida de 20 millones de nuevos soles como fondo inicial para pagar las reparaciones económicas individuales a partir del próximo año.
Tito Jaime Fernández, ex alcalde de Tingo María, asesinado por personas desconocidas el 17 de abril de 1984, recibió un modesto pero emotivo homenaje en la víspera, cuando su su viuda e hijos recibieron los certificados de acreditación como víctimas de la violencia política que vivió el país durante dos décadas.
La adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Gisella Vignolo, sostuvo que los afectados por la violencia política en todo el Perú necesitan que el gobierno y el Estado le den prioridad a la atención de las víctimas civiles.