Como hemos sostenido en esta columna, uno de los peores males de nuestro país es la interceptación telefónica y los videos grabados clandestinamente, vigente herencia del montesinismo.
El reciente fallo del TC prohibiendo a los medios de comunicación divulgar o difundir grabaciones de conversaciones telefónicas sin previa autorización judicial o de los interlocutores implicados en el audio, bajo sanción de carácter penal, constituye –tal como lo ha señalado el Consejo de la Prensa Peruana–un duro golpe a la libertad de expresión y a la lucha anticorrupción.