«Sobre lo ocurrido en los años de la violencia terrorista, el Museo de la Memoria brindará una visión desde el lado de las víctimas, ya sean civiles, militares o policiales», sostuvo la politóloga Iris Jave Pinedo, representante del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, IDEHPUCP.
Por acuerdo de Sesión de Concejo, la municipalidad de Miraflores cedió en uso un terreno ubicado cerca al ex cuartel San Martín, en la avenida El Ejército, a la Comisión de Alto Nivel encargada de llevar adelante el proyecto de construcción del Museo de la Memoria.
La comisión de alto nivel encargada de crear el Museo de la Memoria tomará en cuenta el informe que elabore el Ejército Peruano respecto a su participación en la lucha antiterrorista, afirmó el jurista Enrique Bernales, miembro de ese grupo de trabajo.
La polémica generada tras las declaraciones (con olor a reclamo) de Mario Vargas Llosa sobre los obstáculos que enfrenta la creación del Museo de la Memoria y el posterior respaldo del gobierno al proyecto encargado al laureado escritor – hecho público por el canciller José Antonio García Belaúnde – ha generado que dos importantes medios escritos dediquen sus editoriales de hoy al respaldo de esta obra.
El canciller José Antonio García Belaunde aseguró que el gobierno peruano ha confirmado al escritor Mario Vargas Llosa su apoyo para la construcción del Museo de la Memoria, y que los obstáculos que se habrían presentados para concretar ese proyecto no atañen al Poder Ejecutivo.
En marzo pasado el gobierno creó la comisión encargada de llevar adelante el proyecto del Museo de la Memoria. Ayer, desde Madrid, el presidente de la comisión, el escritor Mario Vargas Llosa, alzó su voz para denunciar los obstáculos a los que se enfrentan en su propósito de hacer realidad esta iniciativa: “Hay mucha hostilidad, sobre todo de los sectores más recalcitrantes que estuvieron vinculados a las matanzas; ellos no quieren que se documente algo que preferirían que el Perú olvide”.
Un nuevo peldaño en la escalada autoritaria de los violadores de los derechos humanos. Se saben respaldados por el gobierno.