El fiscal en materia Ambiental, Antonio Fernández Jerí, señaló que se requiere de una mayor cantidad de efectivos policiales, “unos cinco mil”, para poder ingresar a las zonas donde operan la minería ilegal en las regiones de Cusco, Puno y Apurímac.
El director ejecutivo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Mauricio Dorfler, indicó que la clave del problema de la minería ilegal es entender que no es un problema de un solo país, sino regional “y como tal tiene que ser encarado en todas sus dimensiones por los ocho países de la organización” (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y Perú).
El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, manifestó a través de INFOREGIÓN, que el delito del lavado de activos está en auge en el país, debido a actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.
El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, informó que la minería ilegal en nuestro país tiene vínculos con el narcotráfico -mas no con el terrorismo- y, en tal contexto, la consideró parte del crimen organizado.
Por primera vez, los investigadores han establecido el verdadero alcance de la extracción de oro en la región Madre de Dios, una de las más biodiversas de la Amazonía.
El exviceministro de Gestión Ambiental e investigador de la ONG Cooperacción, José de Echave, señaló que un primer paso que debe realizar el gobierno ante el problema de la minería ilegal es la de revertir la tendencia al crecimiento y la expansión de esta actividad.
En un sobrevuelo del que participaron representantes de diversos entes estatales involucrados en la defensa del medioambiente, se pudo constatar que en el Bajo Huallaga, exactamente en la jurisdicción de Pelejo y Papaplaya, en la provincia de San Martín, sobre el río Huallaga, existen dragas para la explotación ilegal de oro, las mismas que en Madre de Dios han destruido los bosques virginales, para convertirlos en desiertos.
En carta abierta al presiente Ollanta Humala, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) sugiere declarar estados de emergencia ambiental, sanitaria y humanitaria por desastres a las cuencas de los ríos Inambari, sector Guacamayo, sector La Pampa, Huepetuhe y la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, debido a la afectación sufrida por la minería ilegal.
El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, supervisó las medidas de interdicción en la cuenca del río Ramis, en la región Puno y anunció que las acciones de control contra la minería informal se realizarán en forma permanente hasta la erradicación definitiva de esta ilegal actividad.
La Corte Superior de Madre de Dios se encuentra tramitando 26 procesos por delitos contra los recursos naturales y contaminación. Entre los casos que procesa el Módulo Penal de Tambopata, figuran 16 delitos de depredación de bosques legalmente protegidos, informó la Corte Suprema de Justicia a INFOREGIÓN.