La Policía Nacional se encuentra tras los pasos del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se encuentra como «no habido», luego de ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por el Poder Judicial por el delito de malversación de fondos y omisión de funciones.
El Poder Judicial sentenció a cinco años de pena privativa de libertad a Wilfredo Oscorima Núñez, gobernador regional de Ayacucho, por malversación de fondos y omisión de funciones. La sentencia fue emitida por el Tercer Juzgado Unipersonal de Ica, que dirige la jueza Mercedes Pareja Centeno.
La justicia tarda pero llega. A dos años de pena privativa de la libertad con carácter de suspendida y la inhabilitación por igual tiempo fue sentenciado Wilfredo Oscorima Núñez, gobernador de Ayacucho, por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de malversación de fondos por estar implicado con otros funcionarios en la irregular compra de maquinarias agrícolas (tractores) por un monto superior a los 6 millones de soles.
Para la siguiente semana fueron citados a la Fiscalía Corporativa Especializada para Delitos de Corrupción de Funcionarios, el alcalde de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, varios funcionarios de su gestión por la presunta malversación de fondos que se habría dado en la construcción inconclusa del Mercado Modelo y del estadio de Tingo María.
Una nueva investigación por corrupción fue abierta por el Ministerio Público contra el alcalde provincial de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, quien es acusado por el delito de malversación de fondos por las obras del Mercado Modelo y del estadio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de Tingo María.
El desvío de más de siete millones de soles del presupuesto transferido para la ampliación y remodelación del Mercado Modelo de Tingo María, que por decisión de las autoridades municipales fueron empleados en la ampliación y remodelación del estadio del IPD, fue el principal causante para que esta obra quedara desfinanciada y finalmente se paralice por no contar con los recursos económicos necesarios.
El alcalde distrital de Daniel Alomía Robles, Alan Valdivia Beteta, podría volver a la cárcel en cualquier momento de prosperar las dos denuncias en su contra presentadas por ciudadanos de esa jurisdicción, en las cuales se le imputa la presunta comisión de delitos de malversación de fondos, peculado doloso, negociación incompatible, cohecho activo específico, colusión y asociación ilícita para delinquir en el ejercicio de sus funciones.
Alrededor de treinta funcionarios y ex funcionaros del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH) están siendo investigados por tres fiscalías anticorrupción con la finalidad de establecer las responsabilidades a que hubiere lugar sobre presuntos delitos que habrían cometido durante el ejercicio de sus funciones o en relación a ellas.
El ex alcalde, regidores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún, en la provincia de Leoncio Prado, fueron denunciados ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión de nada menos que ocho delitos en los que habrían incurrido durante su gestión.
Los padres de familia y las autoridades del sector Camote, en el valle del Monzón, aseguraron que no aceptarán el regreso de Guido Rivera Eugenio, director del único plantel de ese caserío. Afirmaron que lo expulsarán del colegio a la fuerza si es necesario.