Nombramientos desacertados, destituciones repentinas, peleas por los puestos, medidas apresuradas, retrocesos forzados. En pocos días el nuevo gobierno está dando demasiadas muestras de improvisación e incompetencia. La suspensión de la erradicación de la coca ilegal ha sido uno de los primeros fiascos del gobierno de Ollanta Humala, y es un ejemplo de cómo se toman las decisiones.
La decisión de Ricardo Soberón, flamante encargado de Devida, de introducir una pausa en la erradicación de sembríos de coca ha lanzado una llave inglesa al cuestionado engranaje de la política antidrogas peruana. El gobierno anuncia que dentro de una semana todo vuelve a la normalidad, pero el daño político está hecho.
La presencia en listas parlamentarias de personas vinculadas al narcotráfico ya ha pasado de ser una excepción a ser una tendencia. Sobre todo si asumimos que la capacidad de los medios para investigar candidatos es limitada. Los destapes aparecidos hasta pueden ser considerados como una muestra, no como la suma total. Hay varias hipótesis en el ambiente.
Lo condenaron a 10 años de cárcel bajo la falsa identidad de Luis Peralta. La justicia condenó a Luis Peralta Chuy a diez años sin saber que en realidad se trataba de Luis Egoávil y García, el cuñado “muerto” de la candidata fujimorista.
Debería sorprenderle a nuestra débil democracia el considerable número de candidatos al Parlamento acusados y/o investigados por narcotráfico. También la habilidad con la que personajes de ese mundo oscuro se acercan y financian campañas electorales y la facilidad con la que los políticos cortejados por el poder mafioso subestiman y resuelven con éxito sus equívocos.
Dinero negro. Firmó documento que declara la “desaparición” de su cuñado narcotraficante. La Cuarta Fiscalía Penal de Lima y la Fiscalía Antidrogas de Huánuco averiguan sus presuntas vinculaciones con el narco Luis Egoávil.
Peligro. El sangriento enfrentamiento en Ica entre los guardaespaldas de la familia Sánchez Alayo por la administración de la mina San Simón, que dejó tres muertos, puede repetirse en cualquier momento en Trujillo y también en Moyobamba, en el distrito judicial de San Martín.
Desde el primer día de agosto de este año, el gobierno prohibió la comercialización de diésel número 1 y kerosene en el país. El primero por sus efectos contaminantes y el segundo por haberse comprobado que era el insumo químico más frecuentemente utilizado para la elaboración de droga.
El reciente fallo del TC prohibiendo a los medios de comunicación divulgar o difundir grabaciones de conversaciones telefónicas sin previa autorización judicial o de los interlocutores implicados en el audio, bajo sanción de carácter penal, constituye –tal como lo ha señalado el Consejo de la Prensa Peruana–un duro golpe a la libertad de expresión y a la lucha anticorrupción.
La República. De no mediar una prórroga de último minuto –y no debiera haberla– a partir de mañana quedará totalmente erradicada la comercialización de kerosene y diésel número 1 en el país, según lo establece un DS publicado en el 2009 y que fijaba el plazo de un año para ello, al haberse comprobado que el kerosene es el insumo químico más frecuentemente utilizado para la elaboración de droga.