Más de cien congresistas votaron para que la minería ilegal quedara fuera de la nueva Ley contra el Crimen Organizado, promulgada recientemente. Pese a que este tipo de actividad presenta todas las características para considerarse como crimen organizado, congresistas de diversas bancadas esgrimieron una serie de argumentos y lograron excluirla de la nueva ley. Así los mineros ilegales no solo tienen ministros que claudican ante sus pedidos, sino también tentáculos que llegan hasta el Congreso de la República, donde inclusive un representante –Amado Romero, el llamado ‘Comeoro’– está ligado a una actividad contaminadora, que evade tributos, tiene vínculos con el narcotráfico, promueve la trata de personas y la explotación infantil.