Dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y una abogada fueron retenidos por un grupo de reos de nacionalidad extranjera en el penal de Piura (ex Río Seco). El secuestro, según un vídeo que circula en redes sociales, es en protesta a una serie de supuestos abusos dentro del recinto penitenciario. Según denuncian los reos, … Leer más
La Contraloría General de la República comprobó que en más de 20 penales no se contaba con equipos médicos en sus ambientes de salud para atender los casos por COVID-19 entre los internos y afrontar la expansión de la enfermedad. El operativo consistió en inspeccionar 31 de los 68 establecimientos penitenciarios que existen en todas las regiones del Perú para verificar la implementación de medidas de bioseguridad a fin de reforzar el sistema de prevención y contención frente al COVID-19; la gestión y manejo de los residuos sólidos en estos lugares; y la gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante la pandemia del coronavirus en el primer nivel de atención.
El Ministerio de Salud (Minsa) vacunará a la población vulnerable de los establecimientos penitenciarios de todo el país, en trabajo articulado con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), para proteger de las enfermedades prevenibles por vacunas, a las personas que por alguna circunstancia se encuentran privadas de su libertad. Durante la primera actividad, que se realizó en el establecimiento penitenciario Santa Mónica, la viceministra de Salud Pública del Minsa, Nancy Zerpa, dijo que la estrategia es acercar los servicios de salud a todos los establecimientos penitenciarios del país.
La Fiscalía de Prevención del delito de Tambopata llegó al Penal San Francisco de Asís de Puerto Maldonado, región Madre de Dios, con la finalidad de verificar las acciones asumidas por el Instituto Nacional Penitenciario – INPE para enfrentar la emergencia generada por la pandemia del Covid-19.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) presentará el otorgamiento de indultos presidenciales para aquellos internos e internas vulnerables al Covid-19. Este será aplicado en 68 establecimientos penitenciarios del país, afirmó Fernando Castañeda, titular del Minjusdh.
A solicitud del Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) instalará 60 módulos temporales de vivienda en centros penitenciarios de 16 regiones del país en apoyo a las acciones que viene realizando el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para evitar la propagación del Covid-19 (Coronavirus).
Los cónsules de diversos países de América Latina y Europa se reunieron con la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla Vergara, y le expresaron su beneplácito y expectativas por la aplicación del Decreto de Urgencia N.° 018-2020. La norma consiste en que las personas extranjeras privadas de su libertad puedan cumplir las penas impuestas en sus países de origen.
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) capacitó a representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Sunat Aduanas; así como efectivos del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Depotad), la Escuela Técnica de la Policía Nacional, la Sección de Investigación del Delito de Insumos Químicos y Lavado de activos de la PNP y Ejército del Perú.
Lo que parecía una gresca nocturna al interior de una conocida discoteca de la ciudad de Satipo, terminó en un aborto no consentido en agravio de Ceci Caysahuana Velasco (32) quien recibió una brutal golpiza por agentes del INPE quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad, siendo identificado tres de estas personas que terminaron en la comisaría de Satipo tras la intervención de los agentes de serenazgo.
El Ministerio Público logró que se condene a Bautista Huillcahuaman Huallpa y a Juan Rodrigo Suaquita Machaca, a ocho años de pena privativa de la libertad efectiva y al pago solidario de una reparación civil de S/60 mil al hallarlos responsables del delito de minería ilegal.