PERÚ. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) cumple 20 años de su entrega este 28 de agosto. Su objetivo principal fue investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos por los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y el Estado peruano, durante … Leer más
El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, dispuso la inmediata intervención de la Fiscalía Suprema de Control Interno para verificar el presunto retraso en la emisión del dictamen acusatorio contra el ex agente del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, por el asesinato de la ex agente de inteligencia, Mariella Barreto.
La sentencia que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que el Perú resuelva en su sede interna la polémica resolución emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema sobre el caso Barrios Altos, encaja y favorece la posición del Estado peruano, según expresó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas Franchini.
Con la votación unánime de sus miembros, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en sesión extraordinaria, acordó abrir una investigación preliminar a los jueves que aprobaron el fallo que favoreció a los integrantes del Grupo Colina, sentenciados por crímenes cometidos en el gobierno del presidente Alberto Fujimori, según un comunicado enviado a INFOREGIÓN.
La semana pasada, gracias al reciente y escandaloso fallo que dictó la Sala Penal Permanente en el caso de la masacre de Barrios Altos, los peruanos comprobamos algo lamentable e indignante: muy pobre honor le hace la Corte Suprema de Justicia a su nombre.
La sentencia de la Corte Suprema al Grupo Colina por los crímenes de Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri tiene tres aspectos jurídicos de relevancia. Primero, señala que los crímenes del destacamento Colina no constituyen crímenes de lesa humanidad (es decir, imprescriptibles) porque estos solo existen cuando se ejecutan contra población civil. Según la Corte, Colina se crea como política de Estado “dirigida a la eliminación física de los mandos militares de PCP-SL y delincuentes terroristas” y como los terroristas no son población civil (lo cual es muy debatible y aún peligroso de afirmar para el Estado), entonces, no se puede aplicar este principio.
La Procuraduría Pública en Materia Constitucional del ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentará este martes una demanda de amparo contra la sala judicial que preside el vocal supremo Javier Villa Stein por la sentencia que favorece a los miembros del grupo Colina, responsable de la matanza de Barrios Altos y de la universidad La Cantuta.
A dos días de haberse conmemorado el 20 aniversario de la masacre de La Cantuta, Javier Villa Stein, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, anunció la reducción de penas a los integrantes del denominado Grupo Colina, quienes se encuentran cumpliendo penas carcelarias por los crímenes cometidos contra un profesor y un grupo de estudiantes en 1992.
La primera Sala Penal Especial declaró inconstitucional e inaplicable el Decreto Legislativo 1097. De esa manera, rechazó el pedido de 22 jefes y agentes de inteligencia militar para que se archive el juicio por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa.
La Defensoría del Pueblo reafirmó que los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y adelantó que intervendrá en aquellos casos en que, invocando el Decreto Legislativo 1097, se pretenda el indebido archivamiento o su sobreseimiento.