“La gran mayoría de la población del valle de Monzón ha entendido que las actividades lícitas son las más confiables para su futuro y generan mayor tranquilidad, así como orientan el mejor futuro a las siguientes generaciones”, dijo el representante de la Defensoría del Pueblo, Pier Marzo Rodríguez.
Fortalecer la defensa del Estado ejercida a través de las procuradurías especializadas, así como impulsar todos los sectores involucrados en la lucha contra el crimen organizado, planteó la procuradora contra el tráfico ilícito de drogas, Sonia Medina.
Los representantes de los pueblos indígenas de las cuencas de los ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón sostuvieron una reunión con el presidente del Grupo de Trabajo Parlamentario, el congresista Eduardo Nayap Kinin, encargado de elaborar un informe sobre la situación indígena en las cuencas mencionadas.
La Defensoría del Pueblo presentó los resultados de una supervisión a 27 instituciones del Estado, respecto al cumplimiento de los Decretos Legislativos promulgados al amparo de la Ley Nº 28815, y que implican acciones en la lucha contra la minería ilegal.
La máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, exhortó al Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años.
La presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida), Carmen Masías, destacó hoy el ingreso del Estado, tras varias décadas, al valle del Monzón, una de las zonas con mayor producción de hoja de coca ligada al narcotráfico.
El presidente de la región San Martín, César Villanueva, reconoció las acciones del Estado peruano por batir la cifra histórica de áreas de hoja de coca ilegal erradicadas para este año. “La articulación de acciones entre los poderes del Estado y la cooperación internacional permitió la reducción significativa de la producción de coca ilegal”, sostuvo.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha implementado un sistema para informatizar procesos que permitan acortar trámites y ahorrar tiempo durante el ingreso a las áreas naturales protegidas en el Perú, indicó este organismo en un comunicado enviado a INFOREGIÓN.
Las reservas territoriales que posee el Estado para garantizar la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial no son protegidas de manera efectiva. Así lo informó la Defensoría del Pueblo en base a los resultados de la supervisión realizada a la gestión del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).
Debería sorprenderle a nuestra débil democracia el considerable número de candidatos al Parlamento acusados y/o investigados por narcotráfico. También la habilidad con la que personajes de ese mundo oscuro se acercan y financian campañas electorales y la facilidad con la que los políticos cortejados por el poder mafioso subestiman y resuelven con éxito sus equívocos.