El Ministerio de Energía y Minas (MEM) participó de las conversaciones con los gremios de mineros artesanales de todo el país, en las que se acordó levantar el paro indefinido, respaldar las acciones de interdicción a la minería ilegal y deslindar con los operarios que se dedican a la actividad minera en zonas prohibidas por la ley.
La jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, Mónica Callirgos, informó que en el primer semestre del año en curso, las municipalidades provinciales capitales de departamento alcanzaron -en promedio- solo el 52% de nivel general de cumplimiento en la difusión de información a través de sus Portales de Transparencia Estándar (PTE).
Una mañana de movilizaciones y protestas se vivió en Tingo María por los reclamos realizados por diversos gremios estatales contra el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.
La máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, exhortó al Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años.
El alcalde provincial de Huaraz, Vladimir Meza, informó que esta semana iniciarán las coordinaciones con el gobierno regional de Áncash y otras autoridades para realizar los trabajos inmediatos que eviten un eventual desborde de la laguna Palcacocha, cuya cuenca fue declarada en emergencia por 60 días por el Ejecutivo.
El Ministerio de Energía y Minas aclaró que el proyecto de ley 4335-2010/PE, enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República, no elimina la exigencia de certificaciones ambientales para las concesiones definitivas o autorización en el sector eléctrico.
La Comisión Agraria del Congreso de la República, instalará este lunes una mesa de trabajo para analizar y debatir el proyecto de ley numero 4141 o proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, enviado por el Ejecutivo, según informó la congresista Elizabeth León, integrante de la comisión agraria, al programa Diálogo Ambiental, de INFOREGION .
Como una amnistía encubierta que busca clausurar los procesos por violaciones a los derechos humanos y poner en libertad a perpetradores de crímenes horrendos como los integrantes del grupo Colina, calificó el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, los decretos legislativos 1094, 1095, 1096 y 1097, aprobados recientemente por el Ejecutivo.
El tema de la seguridad ciudadana y las últimas medidas dictadas por el ejecutivo, en el análisis de los periodistas Mirko Lauer, Augusto Alvarez Rodrich y Fernando Rospigliosi, en esta nueva versión de Llanta de Prensa, el espacio de debate en la red.
En los últimos días se han venido anunciando múltiples medidas con el propósito de enfrentar al crimen y devolver al ciudadano la confianza de transitar por la ciudad sin apremios. Resulta legítimo someter estas medidas a un proceso de lógica desconfianza.