¿Qué tiene que pasar para que la administración de justicia en el Perú actúe de forma correcta e imparcial y castigue a los responsables intelectuales del cobarde asesinato del periodista Alberto Rivera? ¿Hasta cuándo tendrán sus deudos que esperar que se haga justicia en un caso en el que las evidencias contundentes sobran?
El Perú se ha vuelto un país donde todos nos sentimos inseguros. No hay día en que no seamos sacudidos por noticias de robos y secuestros que, con mayor grado de violencia y muerte, se dan con alevosa impunidad.
Se ha dado un buen paso. Por ahora es un compromiso ético, pero en el futuro debe convertirse también en una norma legal de obligatorio cumplimiento por todo aquel que quiera incursionar en política y regir los destinos de los peruanos de cualquier circunscripción.
Desde hace más de dos decenios hemos sostenido en este espacio que uno de los modos más eficaces –aunque no el único– de estrangular al narcotráfico consistía en el establecimiento de formas efectivas de control del abastecimiento de insumos químicos, sin los cuales es imposible realizar la transformación de la hoja de coca en PBC y de esta en clorhidrato de cocaína. A continuación el editorial publicado hoy en el diario La República.
El narcotráfico en el Perú para producir los 320 mil kilos de cocaína anuales utiliza un poco más de 35 mil toneladas métricas de insumos químicos.
El kerosene y el óxido de calcio representan el 65% de este volumen. Vale decir que estos dos insumos, por las cantidades industriales que requiere el negocio de las drogas, no se transportan a las zonas de producción al menudeo, cargando en mochilas o en la maletera del auto, como en ocasiones se sostiene.
Resulta positivo que el Ministerio del Ambiente haya comenzado a poner orden al caos que ha creado la minería informal en Madre de Dios, convertida hoy en una región destruida y en prácticamente un desierto.
No debe quedar inadvertido el fallo de la jueza Gloster, de la Alta Corte de Londres, quien ordenó el congelamiento definitivo de casi ocho millones de dólares de la empresa multinacional Monterrico Metals, propietaria de la Minera Río Blanco Copper, empresa que actualmente ha transferido sus activos en el Perú a la transnacional Majaz.