En la provincia de Puerto Inca, departamento de Huánuco, se ha llevado a cabo una interdicción para frenar la minería ilegal, que ha dejado como resultado 43 dragas y 20 bombas destruidas, además no se descarta que ilega actividad sea impulsada por «empresarios» extranjeros.
Las acciones de interdicción realizadas por el Estado contra la minería ilegal continúan. El operativo estuvo conformado por miembros de la Marina de Guerra, la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio de Energía y Mina en los ríos Pachitea, Yuyapichis y Negro, en los departamentos de Ucayali y Huánuco. En la interdicción participó Guillermo Shinno, viceministro de Energía y Minas.
La provincia de Puerto Inca es una de las más ricas en flora, fauna y minería. Ubicada a 392 km de Huánuco, está conformada por cinco distritos y actualmente alberga a 32 mil habitantes aproximadamente. Sus pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería, pero últimamente vienen siendo afectados por la minería informal no solo a pequeña escala, sino también por las grandes empresas que han ingresado a la zona con maquinaria pesada, a pesar de las normas que sancionan este delito.
Presionado por el paro nacional convocado por organizaciones de pequeños mineros, mineros artesanales e informales para este 26 de agosto, el gobierno ampliaría una vez más los plazos para que los mineros se formalicen. Con ello, incrementará, también, el tiempo para que la informalidad e ilegalidad sigan haciendo de las suyas. Esta medida ya se había dado en febrero pasado. La presentación del instrumento de gestión ambiental correctivo (IGAC) vencía en febrero del 2013, y fue ampliado o “precisado” hasta el 5 de octubre del 2013.
Durante el operativo denominado Napo I que se llevó a cabo desde el jueves 16 hasta el último sábado por parte del personal de la Capitanía de Puerto de Iquitos y del puesto de Capitanía de Mazán, a bordo de dos patrulleras fluviales efectuaron labores de patrullaje fluvial y presencia en los ríos Amazonas y Napo.
En un operativo contra la minería ilegal, efectivos de la comisaria de Curimaná, al mando del mayor PNP Pedro Solórzano Niño de Guzmán, intervinieron dos dragas flotantes en las riberas del río Aguaytía, a la altura del caserío San José, ubicado a dos horas río arriba de la capital de Padre Abad.
Un comunicado del Ministerio del Ambiente precisa que “aunque el impacto social y ambiental de la minería ilegal afecta agudamente a la región Madre de Dios, el problema no se circunscribe al nivel regional, sino que tiene repercusiones de carácter nacional, y que requiere atención particularmente rigurosa, para evitar la extensión del problema a otras regiones de nuestra Amazonía”.
En el Perú, la minería ilegal y el narcotráfico son dos de las principales amenazas que se ciernen sobre la flora y la fauna, especialmente en el departamento de Madre de Dios. Precisamente, a fin de combatirá la extracción minera que tanto daño le hace al medio ambiente con su contaminación, el Gobierno adoptó una serie de medidas, llegando incluso a penalizar con diez años de cárcel la minería ilegal.
Doce dragas destruidas, cuarenta motores neutralizados y quince personas detenidas fue el resultado de una operación de interdicción contra la minería ilegal en el sector denominado “La Candelaria”, ubicada en el kilometro 113 de la Carretera Interoceánica, en la zona de Inambari- Tambopata, en Madre de Dios.
En una operación conjunta realizada por miembros de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, acompañados de representantes del Ministerio Público siete dragas artesanales destinadas a actividades de minería ilegal fueron destruidas el pasado sábado.