La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó por primera vez en su historia una audiencia pública, donde aborda los casos de abusos sexuales a menores de edad perpetrados por parte de instituciones religiosas en 19 países de América Latina.
En estas fechas, se hace más visible que muchos países de la región no cuentan con protocolos integrales que otorguen o garanticen los derechos de las niñas embarazadas producto de una violación sexual, ya que no se brinda una atención integral, tratamiento, recuperación y reparación de las vulneraciones sufridas.
La intervención de la Policía Nacional durante las protestas en las que participaron cientos de estudiantes ha generado responsabilidades políticas y penales por abusos que el nuevo gobierno de transición deberá investigar, sancionar y reparar, empezando por la muerte de Inti Sotelo (24) y Brian Pintado (22), los más de 100 heridos y los estudiantes que aún permanecen en condición de desaparecidos.
Desde hace 17 meses, el Gobierno cuenta con un protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos (DDHH). Desde entonces, se estableció que la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) deberá diseñar, implementar y gestionar el Registro de Denuncias e Incidencias sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos.
Mediante un pronunciamiento, el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) advirtió que casi seis millones de personas son vulnerables al Covid-19 (Coronavirus). La ausencia del Estado es notoria, y más en la Amazonía, ya que «con la epidemia del dengue que ha generado casos de coinfección», advirtió el Grupo de Trabajo.
Como parte de su misión en el Perú, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, se reunió el lunes pasado con miembros del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata (Rntamb). Asimismo, visitó la comunidad nativa Tres Islas para escuchar testimonios y conocer el contexto sociopolítico de la región.
Un hombre pidió asilo en Nueva Zelanda porque en su país, Kiribati, el cambio climático ha sumergido partes del territorio y ha afectado profundamente la economía. El Gobierno de Nueva Zelanda se lo negó y lo deportó. El migrante reportó el caso a un organismo de derechos humanos de la ONU.
En el marco de la semana de celebración de su décimo noveno aniversario, la Organización Regional Aidesep – Ucayali (ORAU), con el apoyo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Unión Europea (UE), se hizo el lanzamiento regional del proyecto “Empoderando a los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana para la Defensa de sus Derechos a través de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, en el local oficial de ORAU en Pucallpa.
“La caoba es la joya de la corona de la Amazonia; sus magníficos troncos son como columnas que se elevan hasta el denso dosel del bosque. Su intenso tono rojizo y su durabilidad la convierten en uno de los materiales de construcción y ebanistería más codiciados de la Tierra y en un símbolo de riqueza y poder. Un solo árbol puede reportar miles de euros en el mercado internacional una vez que la madera, ya procesada, llega a las tiendas de EEUU o Europa”, dice un informe de National Geographic publicado en el 2013.
«En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. […] Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano». Estas fueron las palabras de Eleonor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1946 y 1952.