La Defensoría del Pueblo reafirmó que los graves delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles y adelantó que intervendrá en aquellos casos en que, invocando el Decreto Legislativo 1097, se pretenda el indebido archivamiento o su sobreseimiento.
Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad.
El representante de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las Reparaciones de Ayacucho, Roberto Rojas, anunció que se está agilizando las acciones para iniciar con las reparaciones económicas individuales a los afectados de la violencia política entre 1980 y 2000, que a nivel del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) suman 7 mil inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV).
En los últimos 30 años, la lucha contra la impunidad y la condena al terrorismo de Estado y sus agentes avanzaron contra viento y marea en nuestro país, impulsadas por el descubrimiento de los horrores cometidos en la represión de la barbarie terrorista en los años de violencia. A veces este avance se dio en soledad, pero otras con acompañamiento de multitudes que reclamaban justicia.
Este gobierno ha sido nefasto en varios aspectos. La seguridad ciudadana, sin duda; pero también en el respeto a los derechos humanos.
La presidenta del Frente de Defensa de Huanta, Delia Toscano Estrada, de 50 años, fue capturada por la policía contra el terrorismo de esa ciudad en cumplimiento de una orden de detención preliminar dictada por el Juzgado Penal Supraprovincial Especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho desde el 25 de agosto de este año, por el delito de Terrorismo.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), marcharon por las principales calles de la ciudad para reclamar al Gobierno Regional de Ayacucho que cumpla con el compromiso asumido de elaborar el Plan Integral de Derechos Humanos y Reparaciones de la región y establecer como Santuario de la Memoria a la Hoyada, lugar de tortura y entierro de cientos de víctimas.
Los juicios de la justicia militar policial serán orales y públicos, según indica el Decreto Legislativo 1094, sobre el nuevo Código Penal Militar Policial, que fue publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Las normas legales que persiguen el delito de la trata de personas en nuestro país son de las más avanzadas a nivel continental, pero lamentablemente su aplicación sigue siendo insuficiente lo que no permite, por ejemplo, brindar la debida protección a las víctimas y a los denunciantes de estos crímenes.
El Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo que regula el empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, el cual se rige por las normas internacionales de derechos humanos y procede luego de la declaración del Estado de emergencia y para hacer frente a un grupo hostil.