La Defensoría del Pueblo se pronunció para mostrar su respaldo frente a la distribución de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en los establecimientos de salud pública del país por considerar que estas píldoras no tienen efectos abortivos, y por lo tanto, no atentan contra el derecho a la vida.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP y el Grupo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar como el Estado peruano, dentro de su política energética y extractiva, ha promovido diversas actividades en territorio indígena sin tener en cuenta que éstas han afectado sus derechos a la vida, a la salud y al territorio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, admitió la denuncia que, por la violación de los derechos de los pobladores de La Oroya presentada contra el Estado peruano, interpusieron AIDA, Earthjustice y CEDHA, apoyada en el Perú por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA.