Los insistentes cuestionamientos contra el presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), Wilfredo Oscorima, encontraron incidencia en la Gerencia de Auditoría de la Contraloría General de la República, en cuyas recomendaciones después de evaluar su primer periodo de gestión, asegura que se debe impartir procesos penales en su contra por el presunto delito de colusión.
Se realizó una nueva audiencia en el proceso penal que se sigue contra el alcalde provincial de Leoncio Prado, cuatro exfuncionarios, un regidor y la gerente de la empresa Ale Contratistas, por el delito de colusión en el otorgamiento de la buena pro sin concurso para la ejecución del proyecto de agua y desagüe en esta ciudad.
El fiscal Rubén Jara Silva, del 2º Despacho de Investigación Preparatoria, de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, formalizó la denuncia contra el alcalde provincial de Leoncio Prado, Pascual Guzmán Alfaro, un regidor y cuatro funcionarios, así como la gerente de la empresa Ale Contratistas, al haber concluido que habrían concertado ilegalmente para lograr la exoneración del proceso de selección de la millonaria obra de agua potable y alcantarillado que se desarrolla en Tingo María.