Los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, que flexibilizan las exigencias del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos de inversión, continúan generando el rechazo de la sociedad civil, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos regionales. Exigen su derogación inmediata porque no aporta al desarrollo del país ni a la sostenibilidad.
Las sugerencias y observaciones hechas por los presidentes regionales afectados por los decretos de urgencia 001 y 002-2011 serán evaluadas mañana miércoles en el Consejo de Ministros luego del cual se tomará una decisión en torno a ellos. Así lo anunció la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien resaltó que hayan concordado en la importancia determinante de la inversión privada.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, anunció que llevará este miércoles al Consejo de Ministros las opiniones de los presidentes regionales, en torno a la posibilidad de modificar los decretos de urgencia 001 y 002, que priorizan 33 proyectos de inversión.
La ministra de Justicia, Rosario Fernández, anunció que el Poder Ejecutivo convocará a los presidentes regionales donde se desarrollan los 33 proyectos de inversión priorizados por el Gobierno, para escuchar su opinión sobre los decretos de urgencia 001 y 002.
Frente a los Decretos de Urgencia Nº 001-2011 y 002-2011 que reducen requisitos y procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública ( SNIP) del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) así como otras obligaciones aplicables a más de 33 proyectos, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) se pronunciaron.
Con una sustentación solvente y sólida, la Defensoría del Pueblo y también la Conferencia Episcopal se han sumado a los pronunciamientos que, en los últimos días, generó la aprobación de los polémicos decretos de urgencia 001-2011 y 002-2011 que flexibilizarían la certificación ambiental en 33 proyectos de inversión.
Mientras las comunidades indígenas continúan esperando la aprobación de la Ley de Consulta Previa, el Gobierno publicó semanas atrás, dos decretos de urgencia que vulneran el derecho a la consulta previa y lo que es peor atentan el medio ambiente de la Amazonía Peruana. «El elemento común en estas decisiones del consejo de ministros es que se elimina el requisitos de la certificación ambiental para las autorizaciones administrativas de diverso tipo…”, advirtió Mariano Castro, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA.
La Defensoría del Pueblo cuestionó la promulgación de dos polémicos decretos de urgencia que exoneran de la necesidad de presentar informes medioambientales previos a 33 proyectos en proceso de concesión. Según la Defensoría, estos decretos podrían convertir los informes medioambientales en «una mera formalidad».
El representante de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Mariano Castro, aseguró que los dos decretos de urgencia, que dio el Ejecutivo para acelerar algunos proyectos de inversión, y que flexibilizan la política ambiental, son inconstitucionales.
El Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia 001-2011 para promover la inversión de un listado de 30 proyectos vinculados con Pro Inversión. El decreto señala que las certificaciones ambientales “[…] no serán requisito para la obtención de las autorizaciones administrativas de carácter sectorial, otorgadas por dichas entidades, para el ejercicio de las actividades económicas materia del proyecto adjudicado” (artículo 5,3).