«El Acuerdo de Escazú es muy bueno para los pueblos de América Latina y el Caribe», dijo la ministra del ambiente Fabiola Muñoz a los enviados especiales de DAR, quien hoy firmó en la sede de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, primer tratado en la región que fortalece los derechos de acceso a la información participación y justicia ambiental, y brinda protección a los defensores de ambiente.
Hoy el proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos pasará a Pleno sin la opinión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso ni una respuesta al pedido formal de consulta previa de organizaciones indígenas, consideró el DAR (Deerecho, Ambiente y Recursos Naturales).
A menos 20 días de la apertura de firmas para que países de América Latina y el Caribe firmen el Acuerdo de Escazú, el despacho de la congresista María Foronda, del Parlamentario Andino, Alan Fairle, así como Amnistía Internacional y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), divulgaron la importancia de este instrumento.
Este 11 y 12 de junio se llevó a cabo la Cumbre del Congreso de Mujeres Awajún en el marco del lanzamiento del proyecto “Empoderando a los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana para la Defensa de sus Derechos a través de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), y otras entidades amazónicas, presentará las principales acciones para su fortalecimiento institucional, promoviendo el análisis e implementación de los Principio Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Un mandato pendiente. Con la entrada en vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (1), en el 2015, se estableció la obligación de adecuar el Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor – CTxCUM, hacia un enfoque forestal sistémico, lo cual sigue pendiente casi tres años después y es responsabilidad del MINAGRI, con la participación del SERFOR y en coordinación con el MINAM (2).
«Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora» (1) dijo el papa Francisco en su reciente visita al Perú. Y lo están, con el 40% de sus territorios sin titular, con niveles de desnutrición que alcanzan el 70%, con pueblos como el Nahua (en contacto inicial) cuya población mayoritariamente posee altos niveles de mercurio en la sangre (60%), y con pueblos indígenas sin acceso a agua, a causa de derrames petroleros.
El pasado 7 de febrero se publicó la Opinión Consultiva OC/023-17 de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (Corte IDH). Dicho documento se enmarca en los problemas ambientales transfronterizos y el comportamiento de los Estados, al respecto. No obstante, genera una serie de obligaciones con relevancia jurídica para los Estados en materia de protección, preservación y recuperación del ambiente, y su interrelación con el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y el impulso del desarrollo sostenible.
Nuestra Amazonía no es ya el manto verde de antaño. Está surcada, entre otros, por franjas causadas por carreteras y caminos, que se construyen en zonas con bosque para unir centros productivos o urbanos, o convertir al bosque en tierras de producción y extracción, asumiendo que los bosques en pie no estarían contribuyendo ya a la producción del aire que respiramos y al agua que bebemos.
La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto y el Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) desarrollaron el proyecto “Comunidades Amazónicas se adaptan al Cambio Climático” en las comunidades de Buena Vista, El Chino, San Pedro y Diamante/7 de Julio, ubicadas en el distrito de Fernando Lores, provincia de Maynas, región Loreto.