Ante las amenazas de grupos ligados al narcotráfico y traficantes de madera en la cuenca del río Ene, la organización indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE) está ejecutando un proyecto que tiene como finalidad luchar por la defensa de los derechos humanos y la protección de defensores y defensoras ambientales, frente a actividades ilegales o extractivas, con el uso de tecnologías.
“Hay un rebrote del narcoterrorismo en la selva central que está poniendo en riesgo la vida de las comunidades indígenas. Los narcotraficantes reclutan mujeres y varones para la siembra ilegal de coca. Durante los operativos de la policía, son ellos los detenidos, muchos están en prisión esperando condenas desde hace cinco años”, tales fueron las palabras del dirigente asháninka de la selva central, Américo Cabecilla, quien denunció la inseguridad que viven sus pares de las comunidades indígenas de las regiones de Pasco y Huánuco.
Hasta hace unos diez años, el distrito de Chazuta, en la provincia de San Martín, en el departamento del mismo nombre, era sinónimo de violencia y narcotráfico. Allí vivía María Tuanama Tapuyima, esposa de un agricultor dedicado al cultivo ilegal de coca. “Era lamentable ver la muerte constante de nuestros paisanos”, recuerda. Hoy sigue viviendo allí. Pero la situación ha cambiado radicalmente.