La Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene que ser debatida por el Congreso y sometida a consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas antes de ser aprobada, señalaron representantes de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) junto a otras instituciones de la sociedad civil.
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso acordó insistir en la autógrafa de ley que regula el derecho de consulta previa a los pueblos indígenas sobre las medidas legislativas o administrativas que los afecten. Las observaciones planteadas por el Ejecutivo fueron rechazadas por los miembros de este grupo parlamentario que acordaron unánimemente insistir en la propuesta del Legislativo.
El director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, consideró que el proceso de elaboración de la Ley Forestal fue importante y participativo, tanto en lo técnico como en lo legal, y consideró que ahora esta norma debería ser sometida a un proceso de consulta en las comunidades nativas amazónicas.
Los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) solicitaron que el proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea sometido a una consulta previa, “considerando los hechos ocurridos en Bagua en junio de 20009 y estimando el espíritu del Convenio 169 de la OIT”, el cual no debe ser desatendido, porque toda medida que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas les debe ser consultada.
Para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, el Congreso deberá modificar el artículo de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas donde se menciona la necesidad de consentimiento de las comunidades para alguna decisión del Estado en el territorio que ocupan, porque podría ser confundida con el derecho al veto.
El Ejecutivo hizo ocho observaciones a la autógrafa de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y la devolvió al Congreso de la República el lunes por la noche, la fecha tope para su promulgación. Por su parte, el adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, ratificó la posición de esta institución en el sentido de que la consulta no puede entenderse como un derecho a veto.
El último lunes se celebró el Día por una América Latina Libre de Transgénicos, fecha de mucha importancia para los pueblos originarios escogida porque coincide con el solsticio de invierno y en la cual se realizan prácticas relacionadas con la cosecha del maíz, la papa y otros cultivos.
El coordinador general del Programa de Energía Sostenible de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, saludó el anuncio hecho por el viceministro de Energía, Daniel Cámac, quien dijo que, tanto en Perú como en Brasil, el Congreso de cada país analizará el acuerdo energético firmado en Manaos. Además, precisó que en ese escenario el Parlamento tiene la potestad, antes de decidir si aprueba o no el acuerdo, de realizar audiencias públicas y recoger las opiniones de especialistas en el tema.
El especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Mariano Castro, señaló que el Acuerdo Energético firmado entre Perú y Brasil debe ser mejorado. Por ello, propuso que el Congreso de la República, en cumplimiento de su rol fiscalizador, debe revisar y debatir el mencionado documento antes de que sea ratificado por el presidente Alan García.
Pese al férreo reclamo de un sector de la oposición, el Congreso aprobó otorgar al Poder Ejecutivo facultades para legislar por 60 días sobre materias referidas a delincuencia común, crimen organizado, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, fuero militar-policial y uso de la fuerza por las Fuerzas Armadas.