El Poder Judicial de Madre de Dios decidió dejar en libertad a Yoffer Ojeda Accostupa, presunto autor del delito contra el orden migratorio, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes quien fue intervenido en la carretera interoceánica, a la altura del sector de Mavila, provincia de Tahuamanu, transportando 12 ciudadanos haitianos ilegales con destino a la frontera con Brasil.
El presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, destacó la importancia de las vías de comunicación en el centro del país, donde se siembran cultivos alternativos como parte de la política de Estado peruano en la lucha contra el narcotráfico.
Luego de cuatro meses de investigación periodística logramos desentrañar lo que parecía un rumor en la ciudad de Puerto Maldonado. Ciudadanos peruanos conocidos como “coyotes” trafican con ciudadanos Haitianos para pasar la frontera de Perú – Brasil. Para ello cuentan con la colaboración del jefe de la División de Seguridad del estado de Puerto Maldonado, el mayor Richard Santillana Hidalgo y otros suboficiales de la Policía Nacional como Jesús Esquivel Rodríguez, Olga Menacho Flores, Mario Sereceda Huamán, Moisés Ccosco Jara.
En ceremonia pública fueron presentados cinco profesionales ucayalinos que, tras ser seleccionados por la Beca de Postgrado Internacional Presidente de la República, del Programa de Becas y Crédito Educativo, realizarán sus estudios de maestría en Brasil, España y Argentina.
La presidenta ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, (Devida), Carmen Masías, ha pedido investigar “con mucha sabiduría y profesionalidad” los indultos concedidos durante el gobierno aprista -presuntamente de forma irregular- a personas involucradas con el tráfico ilícito de drogas en el caso conocido como los “narcoindultos”. «Tendrán que ser investigados caiga quien caiga”.
Carlos Butrón Dos Santos, alias ‘Brasil’, denunció ante el programa dominical Reporte Semanal de Frecuencia Latina, que el Partido Aprista Peruano está organizando a un grupo especial para «cazarlo», así tengan que secuestrarlo. También señaló que ya no confía en la justicia peruana luego que el Poder Judicial pidiera su captura.
La política de deshacinamiento de penales implementada por el expresidente Alan García Pérez, entre los años 2008 y 2011, propició la formación de una estructura ilícita que tuvo como objetivo beneficiarse económicamente con los indultos y conmutaciones de penas, especialmente de presos por narcotráfico.
El pasado viernes 21 de junio, especialistas de seis países (Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela) se reunieron exponer y discutir sobre los impactos generados por la minería ilegal en la cuenca amazónica.
En una primera investigación, el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar ha establecido que dentro de la política de deshacinamiento de penales, implementada por el gobierno aprista, la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia a cargo de Miguel Facundo Chinguel entre 2008 y 2010 rebajó las condenas de 14 cabecillas de mafias internacionales del narcotráfico que no reunían los requisitos para obtener ese beneficio, pero que accedieron a ella previo pago de US$240 mil.
Desde la clandestinidad, Carlos Butrón Dos Santos, (a) Brasil, uno de los testigos claves de los supuestos pagos realizados por los narcoindutlos, se reafirmó en su denuncia contra el aprista Facundo Chinguel, expresidente de la comisión encargada de evaluar a los internos penitenciarios que debían acceder a dicha gracia presidencial.