La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Anticorrupción inició una investigación de oficio al ex congresista Aurelio Pastor Valdivieso por supuesto delito de tráfico de influencias u otros que habría cometido según denunció públicamente la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz Yupanqui.
La alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, reafirmó sus acusaciones contra el excongresista aprista Aurelio Pastor y aseguró no temer a sus amenazas de denuncia penal por haberlo desenmascarado en un caso de presunto cobro de cincuenta mil soles para “limpiarla” del proceso que tenía en la Corte Suprema y en el Jurado Nacional de Elecciones.
La alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, acusó al exministro de Justicia de Alan García y excongresista del APRA, Aurelio Pastor de pretender cobrarle cincuenta mil soles a cambio de librarla del proceso de vacancia que tenía en su contra.
El procurador Anticorrupción, Julio Arbizu, anunció que su despacho iniciará una investigación al ex ministro aprista Aurelio Pastor, por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias.
Aurelio Pastor Valdivieso, ex ministro de Justicia del régimen aprista, le habría pedido 50 mil soles a la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, a cambio de librarla del proceso de vacancia que tenía en su contra, según un audio propalado por el programa Cuarto Poder.
La salida del Ministerio de Justicia de su ex titular, Aurelio Pastor, era inevitable y se hizo con la finalidad de dar la sensación de que el Gobierno no se encuentra comprometido con el fraudulento indulto al ahora prófugo de la justicia José Enrique Crousillat, ex propietario de América Televisión, consideró el periodista Augusto Álvarez Rodrich.
El Poder Ejecutivo dio por concluido el nombramiento de Aurelio Pastor como ministro de Justicia, mediante Resolución Suprema Nº 075-2010 PCM, firmada por el Presidente de la República, Alan García Pérez.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, informó sobre el indulto de 14 internos del Establecimiento Penitenciario de Ayacucho y dijo que esta decisión representa el inicio de una serie de acciones que su sector ha emprendido para reducir el hacinamiento que se registra en la mayoría de centros de reclusión a nivel nacional.
Con el objetivo de mejorar la lucha contra la criminalidad, el Ejecutivo dispuso la conformación de un grupo de trabajo encargado de perfeccionar el Decreto Legislativo 922, Ley de Pérdida de Dominio.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, reconoció que existe el peligro de que otros investigados por tráfico ilícito de drogas en el caso de los Sánchez Paredes puedan beneficiarse con la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual establece que los fiscales sólo tienen cuatro meses como plazo máximo para investigar.