La Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados (Anfadet), organización que reúne a casi 2000 familiares de 505 víctimas de la violencia política (1980 – 2000), ha señalado a través de su presidenta Luyeva Yangali que, a 20 años de la entrega del Informe final de la Comisión de la … Leer más
Luyeva Yangali, presidenta de la Asociación Nacional de familiares de desaparecidos, ejecutados extrajudicialmente y torturados (Anfadet), expresó su preocupación ante la posición mostrada por los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sobre la manera cómo abordarán asuntos vinculados a los derechos humanos en un virtual gobierno de quien gane las elecciones.
En el quinto episodio de Amigos con Derechos, iniciativa del Instituto de Democracia de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), se analizó la actual situación de los familiares de las víctimas del conflicto armado interno (CAI) en el Perú. Cabe recalcar que desde el primer caso de COVID-19 anunciado oficialmente en el país, el gobierno comenzó a implementar medidas de apoyo a los grupos vulnerables, entre las que se encuentran los subsidios estatales, con el fin de reducir el perjuicio económico derivado de las medidas de emergencia, aislamiento e inmovilización social.
La Asociación Nacional de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente y Torturados (Anfadet) empezó una campaña por redes sociales exigiendo al Presidente de la República, Martín Vizcarra, incorporar a las víctimas del periodo de violencia 1980-2000 en el Bono Universal.