La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el congresista Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), rechazó, por diez votos en contra, tres a favor y cero abstenciones, tres pedidos de reconsideración de la votación del dictamen que recomienda el archivamiento del Acuerdo de Escazú.
Este martes, en el marco de la sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, los congresistas de la República decidieron el archivamiento del Acuerdo de Escazú, primer instrumento regional que establece estándares para institucionalizar derechos humanos ambientales como el acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental.
Más de 100 instituciones de nivel nacional e internacional expresan su preocupación sobre las recientes declaraciones del congresista fujimorista Gilmer Trujillo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que adelanta la decisión de no ratificar el Acuerdo de Escazú.
En la madrugada de hoy, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República convocó a sesión extraordinaria para mañana a las 9:30 a.m. para votar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
El internacionalista Alfonso Gurmendi señaló, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que el Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para que la población pueda acceder a la información, participar en las tomas de decisiones y quejarse si considera que algo está mal hecho.
La viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), Lies Linares, invitó al Congreso de la República a tomar una decisión informada sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Invoco y ratifico nuestro compromiso al diálogo para absolver dudas y estoy segura de que el Congreso tomará la mejor decisión para el país, que es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, agregó. La funcionaria del Minam reconoció que el acuerdo es una oportunidad para que los países demuestren su compromiso respecto a los avances en la promoción de la participación, el acceso a la información y la justicia ambiental.
El nombre completo de este compromiso internacional es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este ya había sido firmado por el gobierno peruano en el año 2018, y debe ser discutido y eventualmente ratificado en estos días por el Congreso de la República, que tendría hasta el 26 de setiembre para hacerlo. Sin embargo, pareciera que el gobierno se ha replegado en el momento de dar el debate y esclarecimiento del mismo, pues el canciller Mario López señaló que se debe seguir analizando y debatiendo antes de la ratificación.
El Congreso de la República puede decidir si pone fin a los ataques contra las personas defensoras, si se le da acceso a la ciudadanía a información sobre proyectos que contaminan, y reconoce que las voces son clave al momento de tomar decisiones relacionadas con proyectos que puedan impactar el ambiente. Todo ello mediante la ratificación del Acuerdo de Escazú.
El Acuerdo de Escazú, cuya ratificación está pendiente en el Congreso de la República, fortalece la posición del Perú en temas ambientales, pues asegura el principio permanente de soberanía de los Estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. Durante las últimas semanas, grupos empresariales ligados a las industrias extractivas han manifestado su oposición a que el país ratifique este acuerdo, pero lo han hecho de manera errada: con mentiras, desvirtuando la naturaleza del tratado, y mostrando mucha desinformación, cuando no intereses particulares.
En la última semana, se han vertido declaraciones de oposición y una fuerte corriente de desinformación en torno a la necesidad de que el Congreso de la República priorice la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un instrumento regional sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe, suscrito por el Perú en setiembre de 2018 y que espera su ratificación en el Congreso de la República desde agosto de 2019. Por ello, Carol Mora y Fátima Contreras, de SPDA Actualidad Ambiental, realizaron el siguiente listado de los 10 mitos y verdades sobre este importante acuerdo.