En pronunciamiento que reproducimos a continuación, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA se solidariza con el sacerdote británico Paul McAuley, considera que su expulsión del país carece de todo sustento y señala que quien pierde es el país, las comunidades de Loreto y la causa a favor del medio ambiente.
El director del Programa Forestal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, consideró que el proceso de elaboración de la Ley Forestal fue importante y participativo, tanto en lo técnico como en lo legal, y consideró que ahora esta norma debería ser sometida a un proceso de consulta en las comunidades nativas amazónicas.
Los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) solicitaron que el proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea sometido a una consulta previa, “considerando los hechos ocurridos en Bagua en junio de 20009 y estimando el espíritu del Convenio 169 de la OIT”, el cual no debe ser desatendido, porque toda medida que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas les debe ser consultada.
El director del Programa de Conservación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, destacó las dos primeras concesiones para conservación de bosques que el Gobierno Regional de San Martín otorgó a asociaciones de pobladores de la provincia de Mariscal Cáceres.
El especialista de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Mariano Castro, señaló que el Acuerdo Energético firmado entre Perú y Brasil debe ser mejorado. Por ello, propuso que el Congreso de la República, en cumplimiento de su rol fiscalizador, debe revisar y debatir el mencionado documento antes de que sea ratificado por el presidente Alan García.
El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), José Luis Capella, sostuvo que es muy importante que la elaboración del Plan Anticorrupción del Sector Forestal y de Fauna Silvestre sea participativa, a fin de que permita que queden claras las funciones que deben cumplir las instituciones involucradas en ese sector y la sociedad civil para realizar un control adecuado de los recursos forestales de nuestra región amazónica.
En pequeña pero emotiva ceremonia, el Ministerio del Ambiente reconoció cuatro nuevas áreas de conservación privada: Tambo Ilusión (la primera ACP de la región San Martín) y Sele Tecse-Lares Ayllu, Mantanay y Choquechaca (en la región Cusco).
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) emitió hoy un comunicado con relación al paro de los mineros informales de Madre de Dios y a la actividad que estos realizan. En el texto, se considera esta práctica inaceptable, si se desarrolla al margen del cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a cualquier operación minera.
El abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, Mariano Castro, consideró que el pronunciamiento de un grupo de especialistas y organizaciones no gubernamentales sobre el Acuerdo Energético entre Perú y Brasil busca asegurar el mayor beneficio para nuestro país, no solo en el tema energético, sino también en el tema socio ambiental.
Los efectos de la explotación aurífera ilegal en Madre de Dios repercuten negativamente en los bosques y el agua que consumen sus pobladores. El caso que presentamos, publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA y que reproducimos a continuación, es un ejemplo más de ello.