Debido a malas prácticas en los trabajos extractivos, la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho suspendió la actividad de la empresa minera “El Fierrazo”, parte del grupo AMMECO, que operaba en la provincia de Huancasancos. La suspensión se ha hecho efectiva porque la empresa no ha adoptado medidas de seguridad, no respeta los derechos de las comunidades y además contamina el medio ambiente.
La suspensión fue oficializada mediante un oficio dirigido al director gerente de AMMECO, Roberto Obradovich Rivera, el cual fue enviado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho. En el mencionado documento se le comunica la decisión de suspender las actividades de operación minera hasta que se superen los problemas presentados.
Algunos especialistas en temas mineros señalaron que los gobiernos locales deben elaborar un plan de acondicionamiento territorial y zonificación económica y ecológica, que permita ordenar y zonificar el desarrollo de las localidades y evitar estos conflictos socioambientales.
Los pobladores también se quejaron porque por la zona transitan constantemente volquetes de alto tonelaje, que transportan minerales hacia Ica y deterioran la carretera.
Los pobladores de Llauta decidieron bloquear la carretera, mientras que la población de Huancasancos acordó en una asamblea pedir la suspensión del convenio minero y que las empresas paralicen sus operaciones.
El informe elaborado por la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho concluye que la mina no posee un comedor, almacenes, talleres, dormitorios, oficina administrativa, campamento, sistema de comunicación, almacén de combustible, tanque de agua y pozo séptico, ni la señalización necesaria. Por el contrario, los inspectores verificaron el derrame de combustible, la exposición a gases a la que es sometido el personal y la propensión a incendio.
Por su parte, la congresista Juana Huancahuari señaló que la suspensión de operaciones de la minera El Fierrazo es el resultado de la mala práctica de los inversionistas privados que buscan obtener ganancias a costa de contaminar el medio ambiente, no adoptar medidas de seguridad y no respetar los derechos de las comunidades.
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