Aunque se generó gran expectativa por el inicio del juicio oral seguido contra el presidente del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), Wilfredo Oscorima Núñez, consejeros regionales y algunos exfuncionarios regionales, la audiencia fue suspendida antes de su instalación por la inasistencia de uno de los acusados.
El proceso que se sigue y que debió haberse iniciado ayer con la fase de juicio oral se debe al presunto delito de Negociación Incompatible por la compra irregular de las maquinarias por más de 20 millones de nuevos soles, bajo el amparo de una declaratoria de emergencia a la región de Ayacucho a causa del ‘peligro’ que corrían las carreteras por la temporada de lluvias, el mismo que fue aprobada por el Consejo Regional de Ayacucho en el 2011.
El proceso seguido por la primera Fiscalía Corporativa Anticorrupción inició ayer a las 9:00 de la mañana en el auditórium de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, esto debido a que todos los acusados suman quince personas y, más sus respectivos abogados, resultaron numerosos; también se debió a la asistencia de multitud de personas, entre trabajadores de la institución, profesionales en derecho, entre otros quienes desearon presenciar el inicio del juicio.
Antes de la instalación el juez responsable del caso, se pidió a que todos los acusados presentes se identifiquen al igual que sus abogados, además de a los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción. Posteriormente, se procedió a pasar lista a todos los involucrados presentes. Entre ellos, y principalmente, al presidente regional Wilfredo Oscorima y su muy controversial y mediático abogado, César Nakasaki Servigón.
La mayoría de los involucrados estuvieron presentes, entre ellos el exgerente general del GRA, Tony Hinojosa; el exadministrador regional, Edwin Ayala Hinostroza; el exsubgerente de Defensa Civil, Richer Reyes; el actual director del Servicio de Equipo Mecánico (SEM), Carlos Capeletti; el exdirector de Transportes y Comunicaciones, Pavel Torres Quispe y siete consejeros regionales, Víctor de la Cruz, Rosauro Gamboa, Sixto Ibarra, María Del Carmen Cuadros, Pavel Rojas, Walter Quintero y Eladio Huamaní. Solo se ausentó el vacado consejero por la provincia de Lucanas, Alfonso Martínez Vargas, motivo por el cual el pleno suspendió la instalación de este proceso hasta el 20 de marzo.
Sobre la suspensión, el procurador anticorrupción, Cristian Loayza Gamboa, manifestó que esto es parte del proceso, debido a que según el Nuevo Código Procesal Penal si falta uno de los implicados de los 15, sí o sí se tiene que suspender y que siendo una primera vez, es entendible porque el consejero que no asistió al juicio se encuentra en una provincia lejana.
Agregó que estas situaciones no podrán repetirse porque el Nuevo Código también impone sanciones a los acusados y sus respectivos abogados en caso de una inasistencia al inicio de la reprogramación de la fecha del juicio oral. Es más, si el exconsejero falta una vez más, será declarado como reo contumaz con orden de captura a nivel nacional.
Por su parte, el abogado Nakasaki Servigón precisó que la suspensión fue una correcta decisión y que no perjudica en nada el proceso, es más, agregó que le dará mayor tiempo para prepararse mejor para el juicio que iniciará la próxima semana, “en los juicios como en la guerra, mientras más preparados mejor”, añadió.
El abogado informó que la defensa será a Oscorima Núñez y a otro funcionario más que hasta el momento no tiene un defensor y que en el proceso demostrará la inocencia de su patrocinado, porque según indicó, no hubo delito alguno.
“Este caso no es por ningún caso de corrupción, esto es por negociación incompatible y aquí no hay corruptos porque no es por cohecho, malversación u otros, sino porque según la Fiscalía el GRA inventó de que en el verano pasado había una grave situación producto de las lluvias y que por ello pidió la declaratoria de emergencia para comprar las maquinarias, caso del cual no es culpable”, finalizó (Jornada).