Luego de que la Junta de Acreedores de Doe Run Perú (DRP), no aprobara el plan de reestructuración y declarara la liquidación en marcha, el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Pedro Solano, señaló que en este caso prevaleció “el principio de legalidad y sensatez” con una empresa que no respetaba el medio ambiente, el bienestar de los trabajadores y la salud de los pobladores de La Oroya.
“Es realmente un alivio que en estos tiempos de ilegalidad y de incumplimientos de obligaciones sin consecuencias, por fin prime la sensatez de rechazar una propuesta que se basa en desconocer compromisos propios. El Estado peruano, en su papel de acreedor, está dejando claro que no se puede premiar el desorden y la ilegalidad. Es la primera vez que un Gobierno le dice ‘no’ a DRP”, sostuvo.
Según el director de la SPDA, es una buena noticia que la junta de acreedores no acepte una situación que incumple contratos previamente acordados y que son además notoriamente dañinos al ambiente”.
Para Solano, este caso creará un precedente en nuestro país, sobre todo para las empresas que piensan que las obligaciones ambientales y los contratos con el Estado pueden ser mediatizados o burlados. “Este es un mensaje claro para las empresas de cualquier rubro”, indicó.
Por otro lado, saludó el anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que aseguró que los trabajadores de DRP mantendrán sus empleos. “Lo más importante es que los trabajadores asegurarán su trabajo, su salud y la de sus familias”, acotó.
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