Los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) solicitaron que el proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre sea sometido a una consulta previa, “considerando los hechos ocurridos en Bagua en junio de 2009 y estimando el espíritu del Convenio 169 de la OIT”, el cual no debe ser desatendido, porque toda medida que sea susceptible de afectar directamente a los pueblos indígenas les debe ser consultada.
“Los miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental pidieron que se continúe, ahora en el Congreso, con el proceso abierto para la elaboración de una nueva normativa forestal y de fauna silvestre. Por ello, solicitaron que se cumplan con las instancias de participación y consulta correspondientes, y exigieron que los temas principales que desarrolla esta norma sean considerados y respetados tanto en las comisiones en las que sea revisada, como en el resto de momentos del proceso parlamentario de aprobación”, se señala en el comunicado publicado por la SPDA.
En otro momento, se enfatiza que el hecho de que el proceso que ha tenido como fruto esta ley haya sido participativo “no debe implicar que no sea sometida a una consulta previa –aun cuando todavía no haya sido promulgada la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios”.
También se recuerda que el proceso –dirigido por una Secretaría Técnica y luego por una comisión interministerial liderada por la Dirección General y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura– ha sido una tarea difícil y no ajena a problemas y cuestionamientos. “Por ello es que se extendieron largamente los plazos planteados al inicio, solo así ha sido posible dar apertura a más aportes y responder a los principales cuestionamientos al articulado propuesto”, se indica en el pronunciamiento.
Los miembros de la SPDA consideraron que tan importante como la aprobación de la norma será contar con un buen plan y proceso de implementación. “Esa debe ser una lección aprendida de la deficiente implementación de la actual Ley 27308, que no debemos dejar de tomar en cuenta”, se puntualiza en el comunicado.
Con esa misma lógica, precisa que “toca al Ejecutivo continuar con el proceso de elaboración de la Política Forestal y de Fauna Silvestre que ha emprendido en paralelo, para que el marco normativo se vea acompañado de unos lineamientos claros que indiquen la visión y el norte de la gestión forestal y de fauna silvestre para todas las regiones del país”.
El martes 22 de junio el Ejecutivo envió al Congreso de la República el nuevo proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre para que se inicie su proceso de aprobación.
Este proyecto de ley fue elaborado a partir de un proceso participativo que reunió más de 200 aportes enviados por un conjunto de instituciones públicas, organizaciones civiles y ciudadanos de diversos departamentos del país.
La intención ha sido producir una propuesta de norma que busque comprender la difícil problemática de los bosques en el Perú, que mejore la regulación y promoción del desarrollo a partir de los bosques en pie y su aprovechamiento con respeto a los derechos de sus usuarios –en especial los de los pueblos indígenas. Se trata de una norma que se construye sobre la vigente Ley 27308 del año 2000, considerando sus aciertos y modificando sus debilidades e imprecisiones.