La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) destacó hoy que el Gobierno actúa con firmeza en su lucha contra la minería ilegal, actividad que no solo ocasiona daños irreparables al medioambiente, sino también impacta negativamente en la salud de las personas.
Lenin Valencia, experto en temas de minería ilegal de la SPDA, consideró importante el trabajo realizado por el Ejecutivo para dotar de una mayor presencia de las fuerzas del orden en las zonas de mayor incidencia de este flagelo, y para evitar la venta de oro ilegal en los mercados externos.
Sostuvo que la presencia de las fuerzas del orden ha sido fundamental para frenar el avance de la minería ilegal hacia zonas como la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios, y opinó que los mecanismos de control deben ser sostenibles en el tiempo.
“Creemos que es importante la labor que se ha hecho de tratar de controlar estas actividades ilícitas, sobre todo, en la cadena de producción y comercialización de oro extraído ilegalmente, y ahí sí hubo avances importantes”, expresó, en diálogo con laAgencia Andina.
Según advirtió, el combate al flagelo de la minería ilegal debe comprometer a todos los sectores porque produce contaminación por mercurio en el ambiente y, a largo plazo, afecta todo el ecosistema y, en general, la salud de las personas en regiones como Madre de Dios.
Asimismo, alertó que la minería que opera al margen de la legalidad causa remoción y empobrecimiento de suelos, a consecuencia de las técnicas que son empleadas por los mineros ilegales que no solo talan los bosques, sino también remueven las tierras y las tornas infértiles.
“Pese a las lluvias constantes que hay en la Amazonía, estas tierras no se han podido regenerar de manera natural. Siendo Madre de Dios la capital de la biodiversidad, el impacto será mucho mayor por la minería que opera totalmente al margen de la ley”, sostuvo.
Para el experto, el proceso de formalización de mineros informales ha sido complejo y ha funcionado mejor en las zonas de sierra que en la Amazonía, pues en esta última las dificultades son mayores y hacen necesario definir bien la regulación de la minería en el contexto amazónico.
Según refirió, este proceso también ha carecido de los recursos suficientes para que los funcionarios de los gobiernos regionales puedan avanzar en este proceso, y que todavía hay aspectos que deben reforzarse en esta lucha como promover más la participación de la sociedad civil local.
“Creo que sí hay firmeza, pero la gobernabilidad también se logra con diálogo y consenso. Se requiere ahondar más en estos procesos”, puntualizó.