Correo Semanal. Dos personas honorables me han hablado bien de Ricardo Soberón, una de ellas me asegura que es un hombre honrado, la otra presume que no robará ni recibirá sobornos mientras sea presidente de Devida. En atención a estas opiniones que respeto, lo declaro sospechoso de honradez.
Desde mi punto de vista, una persona que es responsable de la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas (Devida) tiene que diferenciar con claridad cuáles son los campesinos que siembran coca de acuerdo a ley y cuáles son los que hace de manera ilegal. Para designar de manera correcta a estos dos tipos de campesinos nombraré a los primeros cocaleros, y a los segundos, cocaineros.
Son campesinos cocaleros los que están empadronados por el Estado, tienen parcelas identificadas plenamente y, además, le venden toda su cosecha a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco). En el caso de que no cumplan con estos tres requisitos deben ser considerados campesinos cocaineros. Son campesinos cocaineros todos aquellos que les venden sus cosechas ilegales a los narcotraficantes.
Deben ser considerados narcotraficantes tanto los campesinos cocaleros como los campesinos cocaineros que tienen pozas de maceración en parcelas propias o en zonas cercanas y accesibles. En el Perú, aproximadamente el 5% de los sembríos de coca corresponden a los campesinos cocaleros y el 95% restante está a disposición de las poderosas mafias del narcotráfico.
En relación a las cifras antes citadas podemos establecer cuáles países productores de la hoja de coca son repúblicas cocaleras y cuáles son republiquetas cocaineras. Las cifras muestran con toda claridad que el Perú es una “republiqueta” cocainera. Los peruanos solemos decir que este país es más grande que sus problemas, esta afirmación no es cierta en el caso del tráfico ilícito de cocaína. Este narcotráfico es más grande que el Perú: abarca varios países sudamericanos que pertenecen el área andina y amazónica.
El presidente de Devida tiene que saber que el Estado peruano y la sociedad peruana enfrentan a este delito de lesa humanidad con una actitud hipócrita en el mejor de los casos y cómplice en el peor de ellos. Ricardo Soberón no puede ignorar que la erradicación de la coca –es decir, arrancar las plantas desde la raíz– es ilegal, injusta y arbitraria si se realiza en la parcelas de los auténticos campesinos cocaleros, pero es legal, justa y obligatoria si lleva a cabo en áreas que están bajo el dominio del narcotráfico y de sus aliados de la extrema izquierda alzada en armas.
El problema social que significa dejar sin fuente de trabajo ilegal, a miles de campesinos cocaineros solo puede ser paliado con los sembríos alternativos, no hay otro camino en el futuro inmediato.
El presidente de Devida no puede ignorar el gravísimo problema social de los cientos de miles de peruanos que consumen drogas derivados de la hoja de coca o la inmensa corrupción que genera el narcotráfico y el lavado de activos. Este delito es la causa más directa del incremento de la violencia en el Perú.
El presidente de Devida no puede ignorar que los cocaineros ilegales y sus representantes en el Congreso están tratando de evadir la calificación que les corresponde como sembradores ilegales de coca, la estrategia consiste en pedir un nuevo empadronamiento que incluya tanto a los campesinos cocaleros como a los campesinos cocaineros.
En mi opinión personal, si Ricardo Soberón no enfrenta los problemas básicos antes citados y propicia o acepta la burda maniobra politiquera del nuevo empadronamiento, no dejará ni un atisbo de sospecha en relación a su presunta honradez de hombre de izquierda moderada.
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