Madre de Dios ha sido capturada por la minería ilegal. El paro regional indefinido convocado por la Alianza de Federaciones de Madre de Dios, que representa a los mineros ilegales en dicha región, es solo parte de la estrategia que tiene una mafia que desde hace cuatro años se ha ido consolidando su poder con el fin de sacar el oro sin respetar las normas ni los ecosistemas que lo albergan. Para ellos, lo único que importa es el negocio ilegal que beneficia a unos pocos, utiliza a muchos en las peores condiciones y perjudica a la mayoría de habitantes que viven en esta capital de la biodiversidad.
Si bien la tala ilegal de bosques era un asunto que amenazaba a Madre de Dios hace algunos años, la minería ilegal es un asunto mucho mayor y a gran escala que por la ambigüedad, ineficiencia y en muchos casos, por la complicidad de las autoridades locales y nacionales que permitieron que crezca y hasta se instale en el poder: un congresista, el gobernador regional, alcaldes y la mayoría de los medios de comunicación locales respaldan sin reparos esta actividad diariamente.
La emisión del Decreto Supremo 013-2015 (control de insumos utilizados por la minería ilegal) y el Decreto Legislativo 1220 (sanción a la tala ilegal) no son suficiente si no se actúa de manera conjunta y articulada entre todos los organismos del Estado involucrado en este problema y se incluye a la población afectada por esta ilegal actividad, algo que no está ocurriendo.
La gran mayoría de mineros ilegales han cambiado su residencia a Puerto Maldonado y con el tiempo han cambiado la correlación de fuerza en las elecciones a favor de ellos y sus representantes que no tienen ningún reparo en mostrarse totalmente de acuerdo con esta actividad, tomando partida muchas veces en desmedro de las demás actividades que allí se realizan como el turismo, gestión de bosques y conservación de áreas naturales protegidas.
Algunos funcionarios creen que con el solo hecho de poner más control de los insumos que se usa para la minería ilegal es suficiente. Se equivocan o pecan de ingenuos. Es un secreto a voces en Puerto Maldonado que los controles son burlados durante la noche, cuando cualquiera puede comprar gasolina en la carretera o camionetas adaptadas con más de un tanque de gasolina, a vista y paciencia de la policía cuyos efectivos en muchos casos están comprometidos con la mafia.
Incluso, se sabe que hay un mercado negro del combustible que juega con su especulación y que encarece los hidrocarburos para aquellos que no trabajan en la minería ilegal, como las poblaciones indígena y campesina, a quienes perjudica enormemente.
La Reserva Nacional de Tambopata, la Reserva Comunal de Amarakaeri y el Parque Nacional del Manu, también son parte de la voracidad de esta mafia pues el Gobierno Regional de Madre de Dios lleva adelante la construcción de dos carreteras en zonas de amortiguamiento bajo la fachada de caminos vecinales, pero en el fondo lo que quieren es abrir trocha para que los mineros ilegales puedan avanzar en su estropicio.
Las amenazas de muerte están a la orden del día y ya con el asesinato del Señor Alfredo Vracko Neuenschwander, quien había denunciado constantemente a los mineros ilegales que invadieron su predio, ubicado en el kilómetro 95 de la Carretera Interoceánica, en la zona conocida como La Pampa hace algunos días, han querido dar una señal que están dispuestos a todo, es decir amenazar y eliminar a quien se les oponga.
Esto tiene que parar y tiene que ser de inmediato sino Madre de Dios, más que tierra de nadie, se consolidará en lo que hoy es un territorio de la minería ilegal, casi liberado. Las consecuencias de esto son funestas para la biodiversidad, las poblaciones indígenas y campesinas que con mucho esfuerzo fueron construyendo una región que pudo ser el orgullo del país y que ahora la han convertido en el festín indignante de una actividad que contamina, deforesta y hasta elimina a quienes no piensan como ellos.
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