Sobre la denuncia de actos de tortura cometidos por el Ejército Peruano en el Caserío de Gossen

Acaba de ocurrir un hecho execrable que todos los peruanos de bien debemos repudiar. El día de ayer 09 de Enero una patrulla del Ejército Peruano acantonada en Aucayacu habría torturado hasta el borde de la muerte al Agente Municipal del Caserío de Gossen (Aucayacu) Isaac Collazos Galarza. 


De acuerdo a la versión de los familiares y de la propia víctima, los hechos se produjeron en circunstancias que la patrulla militar ingresó al mencionado caserío y detuvo al agraviado. Acto seguido lo maniataron y lo llevaron al centro del poblado para que, a vista de toda la población, lo interrogaran sobre el paradero del terrorista Artemio.  


Como las respuestas no fueron del agrado de los agresores lo torturaron y lo condujeron con amenazas de muerte hacia las orillas del río Huallaga. Felizmente no acabaron con su vida, pero si le dejaron con lesiones corporales y sicológicas graves. 


En las décadas sangrientas de los 80 y 90 estos hechos eran el pan de cada día en el Huallaga. Así lo hizo saber la Comisión de la Verdad. Pero ahora que nos jactamos de estar consolidando a la democracia y a las instituciones tutelares no podemos permitir que ningún peruano más sea degradado y sometido a torturas. Aún si pesaran sospechas de su colaboración o vinculación con Sendero Luminoso.  


Esta forma de combatir a los terroristas trajo como únicos resultados el odio y el repudio de la población civil hacia los uniformados. A Sendero Luminoso se le derrotó con inteligencia, no con fuerza bruta.  


El comando del Ejército debe sancionar y separar de la institución inmediatamente a los responsables de estos gravísimos hechos. Asimismo, el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que actuar de oficio y juzgar a los torturadores. La peor señal que puede dar la democracia y el Estado de Derecho es apañar o tapar con el manto de la impunidad un acto de lesa humanidad.  


Uno de los pilares que sostiene a Inforegión es la promoción y el respeto a los derechos humanos y, por supuesto, la denuncia sin ambages cuando se producen abusos y actos que denigran nuestra condición humana.