La implementación de algunos de los instrumentos estratégicos para la lucha contra el narcotráfico se parece al mito de Sísifo, aquel personaje mitológico que empujaba una piedra enorme por la empinada ladera de un cerro y al que, antes de alcanzar la cima, se le rodaba la piedra hacia abajo, por lo que tenía que regresar para volverla a cargar una y otra vez por toda la eternidad. Y es que, por alguna razón, cada vez que varios de aquellos instrumentos están a punto de lograrse, todo se desmonta y regresa al punto de partida.
Quizá el mejor ejemplo es lo sucedido con la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados promulgada en julio del 2004. Han pasado ocho años y hasta ahora el Estado no ha podido poner en marcha el Registro Único para el Control de los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados ni el sistema de seguimiento y monitoreo establecido en su reglamento, que es indispensable para prevenir el desvío de insumos hacia actividades ilegales o para advertir cuándo ello está ocurriendo.
Por alguna razón, cada vez que se ha avanzado algo, todo se anula y se comienza de nuevo. En la última ocasión el gobierno anterior había dejado listo el proyecto correspondiente en el Ministerio de la Producción, que es el encargado por ley de llevar el registro único. Incluso había pasado el tortuoso Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Estaba listo. Pero el nuevo gobierno examinó el proyecto, para el que se diseñaría un software propio, y decidió que era demasiado caro, que estaba sobrevalorado y que no se justificaba. El proyecto estaba presupuestado en alrededor de 30 millones de dólares. DEVIDA revisó las experiencias de otros 12 países y encontró que el registro más sofisticado había costado 10 millones de dólares. Se decidió, entonces, retirarle el encargo a Produce y dárselo a la Sunat, con la asesoría de las Naciones Unidas. El único problema, claro, es que para eso hay que modificar la ley, pues esta le asigna la tarea a Produce y no a la Sunat.
Ojalá que esta iniciativa no se convierta en otro esfuerzo frustrado pues, sin duda, la Sunat está mejor equipada que el Ministerio de la Producción para esta tarea. Cuenta con información acerca de la importación de insumos y con una plataforma informática muy potente que le permitiría, por ejemplo, detectar inconsistencias en la información recibida. Por otra parte, pocas entidades tiene la experiencia de fiscalización a gran escala que tiene la Sunat. Además, se le ha encargado ya el control de los insumos químicos desviados hacia la minería ilegal, algo que se ha puesto en marcha al parecer con éxito sin que hubiese que esperar ocho años sino apenas pocos meses. No obstante, la implementación de esta reforma necesita de algo que hasta hoy parece no existir: voluntad política.
Algo similar ha ocurrido con la construcción de tres garitas móviles de control que serían instaladas en distintos puntos de la ruta del narcotráfico y que permitirían cerrar el flujo de los insumos químicos que este utiliza. Este proyecto ya ha sido aprobado y presupuestado varias veces en el Ministerio del Interior, pero nunca ha sido ejecutado. Recientemente se convocó a una licitación que no prosperó y ahora se estaría convocando a una nueva.
El mismo problema se ha presentado con los radares solicitados por la Marina y por la Fuerza Aérea hace años: se inician trámites que después se anulan y nada se concreta. Esta es otra muestra de que el problema no es que no existan soluciones para controlar el narcotráfico, sino que por alguna razón las existentes no se llevan a la práctica.
El presidente Humala fue enfático en su discurso del 28 de julio al señalar que el combate contra el narcotráfico es una de sus prioridades. Pero tiene que ser consciente de que los intereses contrarios son tan fuertes que, sin decisión política al más alto nivel, es claro dónde terminará la política antidrogas al final de su gobierno: en las faldas del cerro junto a una enorme piedra.