La delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Lima con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa expresó optimismo por varios compromisos al más alto nivel del gobierno que podrían marcar una nueva época en Perú, aunque también se hizo eco de las preocupaciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre iniciativas contrarias a las libertades de expresión y de prensa.
La delegación estuvo compuesta por Matt Sanders, presidente de la SIP; José Roberto Dutriz y Roberto Rock, presidentes de la Comisión de Chapultepec y de la Comisión de Libertad de Prensa respectivamente y Ricardo Trotti, director ejecutivo.
La misión mantuvo reuniones con representantes de los poderes públicos del Estado por temas de la violencia contra periodistas y la impunidad de los asesinatos; la descriminalización de los delitos de difamación, la propiedad de los medios y sobre varios proyectos de ley que promueven medidas confiscatorias e intromisión en decisiones editoriales y en la independencia de los medios.
Tras un encuentro con el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la SIP expresó satisfacción por su compromiso de integrar un grupo de trabajo con otros actores del periodismo peruano para dar seguimiento a los casos de más de 50 asesinatos contra periodistas cometidos en las últimas décadas y que permanecen impunes.
Sánchez Velarde acordó revisar cuáles casos siguen en la Fiscalía para acelerar sus procesos. La SIP por su parte explicó que la no prescripción de los crímenes contra periodistas es otro de los conceptos impulsados a través de la Declaración de Pucallpa, documento conjunto de la prensa de Perú promulgado en 2005.
En reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez y ante un planteamiento de los delegados de la SIP sobre los delitos de difamación, el magistrado consideró que sería apropiado que estos delitos sean atendidos en el ámbito civil. Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, enfatizó que «sorprende que Perú todavía no haya legislado sobre esta materia, una tendencia irreversible en toda la región y que permite que los periodistas puedan trabajar con mayor libertad sin temor a sufrir cárcel».
También la SIP se reunió con los congresistas Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución; Úrsula Letona Pereyra y Alejandra Aramayo Gaona, a quienes expresó su preocupación sobre varias iniciativas legales. Los delegados de la SIP se refirieron al proyecto de «Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población», y a otro sobre los voceadores de diarios que impondría un gravamen de 2% de la facturación para establecer un fondo de pensión, una iniciativa descrita como confiscatoria contra los medios.
Respecto al proyecto de «Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población», Torres dijo que por ahora hay otras prioridades y se seguirá discutiendo y promoviendo el diálogo. Ante las diputadas Letona Pereyra y Aramayo Gaona, autoras de la iniciativa, la SIP consideró que esta deja en evidencia su intención de intimidar a la prensa y restringir la independencia editorial de los medios en el contexto de la lucha anticorrupción en el país.
La delegación, en consonancia con lo expresado por el presidente Kuczynski, consideró que existen siete iniciativas legales que afectan el trabajo de los medios de comunicación y llama la atención que la mayoría de estas provengan de legisladores del partido mayoritario afín al fujimorismo, Fuerza Popular.
También la SIP instó al Poder Judicial a resolver la demanda de 2013 de cinco periodistas y Grupo La República contra Empresa Editora El Comercio. El presidente del Poder Judicial dijo que el caso es complejo y lento por sus propias características ya que ambas partes siguen presentando nuevos recursos, aunque aseguró que el Poder Judicial está actuando de la mejor manera en el proceso.
Finalmente, el primer mandatario peruano suscribió el Acuerdo de Chapultepec.