El Comercio. La visita a nuestro país de una misión especial de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha sido fructífera, pues ha permitido poner sobre la mesa acuciantes problemas que afectan el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión.
Ante todo, es importante subrayar que el grupo visitante, encabezado por el vicepresidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, ha constatado que, a diferencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en el Perú no se observa una política de Estado que limite sistemáticamente la libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, hay casos puntuales que echan sombras sobre lo anterior, y que exigen un deslinde claro de los poderes públicos, lo que en cierta medida ha logrado la delegación de la SIP tras sendas reuniones con el primer mandatario Alan García y el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein y con el vicepresidente del Congreso, Michael Urtecho.
Sobre el cierre de la radio La Voz de Bagua, es una buena noticia que el jefe del Estado haya mostrado apertura para revisar el proceso administrativo que llevó a la clausura. La censura, afirma la SIP, es totalmente contraria a la doctrina y usos democráticos. Según la Declaración de Chapultepec, que el Perú ha suscrito, “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas se oponen directamente a la libertad de prensa”.
Luego, la misión ha visto in situ otro asunto particularmente espinoso: el asesinato del periodista Alberto Rivera, en el que algunos jueces han tenido una conducta sospechosa y prevaricadora, al absolver sin mayor sustento a los señalados como autores intelectuales de tan execrable hecho. Ahora el doctor Villa Stein se ha comprometido a resolver los asuntos pendientes e investigar la denuncia del vocal amenazado de muerte por poner en evidencia la parcializada actitud del presidente del tribunal que vio el caso. Ante tan escandalosos vicios, se espera la revisión de todo el proceso y la ejemplar sanción a los asesinos, aún impunes.
Adicionalmente, Villa Stein ha propuesto crear un tribunal especial para los casos de periodistas asesinados, iniciativa interesante pero que debe ser evaluada considerando los principios del marco legal nacional y la experiencia de otros países.
Respecto del caso de América Televisión, la misión se ha informado exhaustivamente de los detalles de la inconsistente denuncia del prófugo José Enrique Crousillat, que pretende usurpar la propiedad del canal que él mismo envileció y quebró moral y financieramente. Recordemos que Vladimiro Montesinos le entregó más de U$80 millones para hacerse de la línea informativa de ese medio; dinero que Crousillat utilizó en gastos personales e inversiones inmobiliarias en el Perú y el extranjero.
Desde el punto legal, ha dicho la SIP, las autoridades peruanas les han informado que el caso está cerrado y que el indulto a Crousillat fue un error luego corregido, todo lo cual debe tener un correlato coherente en las esferas judiciales y administrativas.
El mensaje es claro y los gobernantes y funcionarios estatales deben entender que, al acceder a sus cargos, se hacen pasibles de las críticas y fiscalización de su actividad —y del uso o abuso de los bienes públicos—, por parte de los ciudadanos y la prensa independiente, que de ninguna manera puede ser sancionada por ejercer esa obligación y servicio a la opinión pública.
A la espera del informe oficial de la misión la SIP, debemos permanecer vigilantes ante cualquier afectación, amenaza o desvío en el ejercicio de la libre expresión, prensa y opinión, derecho inherente de la población resguardado en la Carta Magna e imprescindible para la vigencia del sistema democrático.