La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el desarrollo de actos violentos ocurridos contra periodistas en Brasil y en México. Es así que deploró la invasión de integrantes del Movimiento Sin Tierra a la sede de Grupo editorial Jaime Câmara en Brasil; de otro lado, respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre violencia contra periodistas y medios mexicanos.
En el caso brasileño, la SIP calificó el acto mencionado como un «acto vandálico que afecta gravemente la libertad de prensa». El suceso ocurrió el 8 de marzo en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás.
Se supo que 70 personas irrumpieron en el edificio Grupo Jaime Câmara, desde donde operan los diarios O Jornal y Jornal Daqui, radio CBN y TV Anhanguera. Los manifestantes pintaron consignas en las paredes contra el grupo y la Rede Globo por su posición editorial sobre las investigaciones por corrupción que involucran al ex presidente Lula da Silva.
Sobre el caso mexicano, la SIP respaldó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre violencia contra periodistas y medios mexicanos, así como sus críticas respecto a las fallas del mecanismo de protección.
La CIDH señaló que «en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento sobre todo en algunas entidades federativas». Según el informe, se habrían registrado 107 asesinatos de periodistas en los últimos 15 años.
Las víctimas de la violencia fueron principalmente periodistas que denunciaron o informaron «sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados». El documento también registró otras formas de agresión tales como desapariciones, amenazas, secuestros, etc.
Según el informe: «El gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las personas en México».