Tras otorgarse dos años de adecuación para implementar la inclusión del Shihuahuaco como especie amenazada y en peligro de extinguirse a causa de la tala desmedida, el último martes 21 de febrero, dicha especie de árbol, junto al Tahuari, fueron finalmente integradas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
La medida se oficializó mediante la publicación de la Resolución de Dirección Ejecutiva n.° D000040-2023, a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), órgano del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego que aprobó el “Plan de Acción para la adecuada implementación de la inclusión del shihuahuaco (género Dipterix) y tahuari (género Handroanthus) en el apéndice II de la CITES, años 2023 y 2024”.
La propuesta del Plan presenta una serie de objetivos divididos en seis componentes, los cuales serán ejecutados por el Serfor, durante los dos próximos años, a fin de promover el comercio de estos dos recursos forestales y de fauna silvestre de origen legal, así como desarrollar diferentes niveles y tipos de protección ante su explotación excesiva.
Pues, como se sabe en el caso del Shihuahuaco, árbol con presencia en Madre de Dios, Ucayali y Loreto, y en cinco Áreas Naturales Protegidas en el país, estuvo en riesgo de no introducirse en la lista de especies en peligro, debido a un conflicto de intereses, que puso en riesgo un pedido de carácter urgente realizado, desde hace más de 10 años, por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) para evitar la extinción de la especie.
En el Plan de acción para implementar el Apéndice ll, se proponen mejoras normativas para viabilizar la incorporación adecuada de estas dos especies con fines maderables. Asimismo, busca recopilar información para promover su gestión sostenible, acto que será acompañado y supervisado por un Comité Científico Consultivo, el cual estará integrado por biólogos, científicos, entre otros especialistas.
Otra de las acciones que se efectuarán para impulsar buenas prácticas en el comercio de la madera es la evaluación de los recursos forestales en los centros de transformación primaria y en los depósitos autorizados.
También, se plantea llevar a cabo un monitoreo constante para confirmar y estimar los volúmenes existentes de las especies, y por último, fortalecer las capacidades de agentes responsables del control forestal, tales como supervisores del Osinfor (Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre) a fin de desarrollar una mejor identificación botánica y anatómica de las tres especies del género Dipteryx y de las especies del género Handroanthus.
Cabe añadir que se organizarán actividades de sensibilización sobre las implicancias de la inclusión de las tres especies en la CITES, dirigidas hacia la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), encargada de monitorear el desempeño de las funciones que ejercen los custodios forestales debidamente acreditados, de los cuales resaltan los titulares de los títulos habilitantes, aquellos que tienen la responsabilidad de solicitar pacíficamente el cese de las actividades ilegales que afecten los recursos forestales.
Las opiniones del Serfor acerca de la esperada aprobación
En noviembre del año pasado, durante la XIX Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres que se realiza en Ciudad de Panamá, 74 de un total de 105 países miembros de la CITES, votaron a favor de fortalecer la protección de árboles de Shihuahuaco con el objetivo de evitar su desaparición.
Sin embargo, pese a que la medida representa un importante avance en el comercio y gestión internacional del Shihuahuaco, los árboles de esta especie aún se encuentran en situación de amenaza por la extracción de madera de fuentes ilegales, ya que los mecanismos de conservación adoptados en este Plan de Acción entrarán en vigor a partir de noviembre del 2024. En ese sentido, Inforegión conversó con Fabiola Adela Carreño Villar, directora de la Dirección de Estudios e Investigación del Serfor, para comentar la medida aprobada.
“Esos dos años culminan en noviembre del 2024, donde ya entra en vigor esta inclusión, quiere decir que todos los mecanismos ya establecidos a nivel nacional e internacional para el comercio de estas especies entrarán en acción. Es importante reconocer que lo que nosotros exportamos proviene de bosques bajo manejo y las exportaciones se realizan bajo varias regulaciones establecidas nacionalmente. Entonces, el Plan ha sido concebido para realizar algunas mejoras normativas, como mejoras técnicas, que van a permitir que la inclusión pueda ser viable sin ningún inconveniente, respecto a toda la cadena de producción de estas especies”, señaló Carreño.
Asimismo, la vocera del Serfor precisó que el Plan se encuentra actualmente en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su adecuada ejecución. “El plan tiene un presupuesto estimado de un poco más de 12 millones de soles, nosotros ya hemos hecho requerimientos para poder solventar la implementación de este plan institucional”, indicó.
No obstante, César Ipenza, abogado especializado en materia de derecho ambiental remarca que, desde el Estado, mientras transcurre el actual periodo hasta el 2024, es necesario que se implementen medidas que busquen contener el aumento de la sobreexplotación de estos árboles.
“El anexo II del convenio CITES no significa que no se pueda exportar madera, sino que el Estado peruano tiene que hacer ciertas evaluaciones y ciertos mecanismos de control para que lo que se extraiga no ponga en peligro la viabilidad de la especie. Sin lugar a dudas, el plan es una herramienta importante, pero podemos tener un plan perfecto u óptimo, sin embargo, si no están dadas las condiciones, eso poco o nada va a hacer que funcione. El hecho de que todavía vayan a entrar en vigor las medidas en 2024, no significa que el Estado pueda tomar medidas preventivas para evitar que se extraiga sobremanera”, explica.
Asimismo, Ipenza recomendó que el Plan debe contar con la participación de órganos especializados en función de combatir las economías ilícitas ambientales como tala ilegal, actividad que afecta en gran medida a dichas especies.
“En el plan se plantean varias cosas que debería hacer el Estado, pero si el Plan está aprobado y no se cumple, de ahí difícilmente vamos a poder controlar o cumplir las metas que aspira el Estado con esto. El Plan es un avance importante solo que tendría que tener todas las condiciones para que se cumplan: recursos, capacidades de coordinación institucional, trabajo colaborativo, y en esa labor de evitar acciones ilegales deberían participar las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental”, comentó Ipenza.
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